Luego que el Tribunal Constitucional (TC) pusiera fin a la paralización del recurso de protección contra el Servicio Electoral (Servel) presentado por Marco Enríquez-Ominami (ME-O), con el que busca recuperar sus derechos como ciudadano y su derecho a voto, el líder del PRO solicitó al tribunal que se ponga en tabla “de manera urgente” su caso.
Esto, entendiendo que el día 23 de agosto de 2021 “vence el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales, parlamentarios y Consejeros Regionales para las elecciones que se realizarán el 21 de noviembre de 2021”.
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“Entendemos que estamos frente a una emergencia sanitaria, pero en tiempos de democracia pedimos tener la posibilidad de elegir y ser elegido”, señaló el líder del PRO, a través de Twitter.
Hemos pedido a la Corte de Apelaciones que resuelva pronto la causa contra el Servel para recuperar mis derechos políticos y ciudadanos. Entendemos estamos frente a una emergencia sanitaria, pero en tiempos de democracia pedimos tener la posibilidad de elegir y ser elegido.
— Marco Enríquez (@marcoporchile) July 24, 2021
Recurso de protección
Marco Enríquez-Ominami interpuso un recurso de protección contra el Servel con el objetivo de recuperar sus derechos políticos y ciudadanos, tras quedar inhabilitado para sufragar por estar presuntamente vinculado al caso SQM, donde figuraría como facilitador de la emisión de 36 facturas ideológicamente falsas por cerca de $420 millones.
ME-O, además, se encuentra siendo investigado por presuntos delitos tributarios y fraude al fisco, en el marco del denominado caso OAS.
De acuerdo al escrito presentado ante el tribunal, la decisión responde a la orden del Servel de “no permitir al señor Enríquez-Ominami Gumucio a la inscripción de su candidatura a primarias para la nominación al cargo de Presidente de la República por el Partido Progresista de Chile, ni a ningún otro cargo de elección popular en elecciones directas -en especial, el de Presidente de la República-, por considerar erróneamente que el recurrente, supuestamente, habría perdido la calidad de ciudadano con derecho a sufragio”.
En la misma línea, el recurso agrega que el tres veces candidato presidencial “no está condenado” y que la suspensión es por estar siendo investigado por delitos que “merecen pena aflictiva”.
De forma paralela, el líder del PRO presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el TC, con el objetivo de impugnar la norma presente en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral que inhabilita la posibilidad de sufragio a quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas.
El escrito fue acogido a trámite y está a la espera de su revisión.
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