Este lunes, la ministra de Defensa, Maya Fernández, presentó su renuncia en medio de la controversia por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, comuna de Providencia.
A través de un comunicado de prensa emitido por la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República, el mandatario Gabriel Boric aceptó la renuncia de Fernández al Ministerio de Defensa Nacional. En su reemplazo, asumirá Adriana Delpiano.
Delpiano cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, destacándose como ministra de Educación (2015-2018), intendenta de la Región Metropolitana (2007-2008), subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (2003-2006), directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (2003) y ministra de Bienes Nacionales (1994-1999).
Los antecedentes previo a la renuncia
Con una diferencia estrecha, parlamentarios del Partido Republicano y de Chile Vamos presentaron una acusación constitucional contra la extitular de Defensa. En paralelo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el recurso de inhabilidad presentado por los abogados Raimundo Palamara y John Reid en contra de Fernández.
El origen del caso se remonta a la denuncia presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, dirigida por el abogado Palamara, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Según la acusación, la adquisición de la propiedad ubicada en Guardia Vieja 392, en Providencia, constituiría un posible fraude al fisco. Esta compra había sido contemplada dentro de las inversiones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, conforme a lo estipulado en la Ley de Presupuesto 2024.
El gobierno había anunciado la compra del inmueble por 24.291 UF (aproximadamente $1.000 millones). Sin embargo, la operación fue cuestionada luego de que se revelara que parte de la propiedad pertenecía a la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende. Esto vulneraría las normativas que impiden que altos funcionarios públicos tengan intereses en contratos con el Estado.
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