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Este viernes se conoció la renuncia de María Loreto Silva Rojas a la presidencia del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), todo esto tras un dictamen de Contraloría respecto a posibles conflictos de interés de Silva.
La misiva enviada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como un “hecho esencial”, da cuenta de que la hasta ayer presidenta del directorio de ENAP presentó su renuncia con efecto inmediato, y fue firmada por el gerente general de ENAP, Pablo Sufán González.
Así, la ex ministra de Obras Públicas (MOP) en el primer gobierno de Sebastián Piñera, deja el cargo que asumió en marzo de 2018 en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés, atribuidos a sus vínculos con abogados de la empresa que construye el Puente Chacao.
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Al respecto, Contraloría, a petición de los diputados Leonidas Romero y Gabriel Ascencio, señaló que en el caso existiría un “vacío legal”, situación que se puso “en conocimiento de su excelencia el presidente de la República, del Senado y de la Cámara de Diputados (…) para los efectos correspondientes”.
En la solicitud los parlamantarios pedían investigar si existe conflicto de interés y vulneración a la ley de probidad administrativa en el actuar de Silva como presidenta del directorio de ENAP, dado sus vínculos con el estudio jurídico que representaba a la empresa encargada del proyecto en Chiloé y también a la concesionaria del Aeropuerto Nuevo Pudahuel en una causa contra el Estado de Chile.
A ello, sumaron la contratación de Jorge Bofill García como asesor jurídico en el MOP, quien es parte también del mismo estudio.
“En lo que se refiere a la contratación de servicios jurídicos que habrían efectuado las empresas a que aluden los diputados ocurrentes, (…) cabe manifestar que conforme a la información que se ha tenido a la vista, doña María Loreto Silva Rojas aparece vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada, a través de Asesorías MLSR SPA, como también sucede con don Jorge Bofill García, quien se relaciona con aquella sociedad por medio de Asesorías e Inversiones BG”, dice el dictamen 10046N20 del 17 de junio.
Ante el “vacío legal” comunicado por Contraloría, parlamentarios han presentado una iniciativa para regular este tipo de situaciones.
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