Agencia UNO

La Defensoría Penal Pública de la región de Arica y Parinacota, que representa a los imputados del clan Los Gallegos, se refirió a la polémica orden que emitió el juez de garantía Héctor Barraza. Esto con el objeto de revelar los nombres de 56 testigos protegidos en el caso relacionado con la célula operativa del Tren de Aragua.

Cabe recordar que aunque la Corte de Apelaciones de Arica frenó la ejecución del controvertido fallo inicial, el fiscal Mario Carrera confirmó que el organismo había accedido previamente a sobres que contenían las identidades de las víctimas.

De esta manera, el fiscal nacional, Ángel Valencia, notificó la apertura de una investigación de oficio con el fin de determinar si se han cometido delitos relacionados con la entrega de información confidencial.

Al respecto, el defensor regional de Arica, Sergio Zenteno afirmó que “el día de hoy los defensores penales públicos, sin perjuicio de la resolución dictada por un juez de garantía que ordenaba la devolución de la información sobre testigos protegidos -la cual a juicio de nosotros no se ajustaba a derecho y respecto de la cual ejercimos los recursos que correspondían- voluntariamente hicieron entrega de lo solicitado a la espera de que el tribunal competente, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica, resuelva el asunto“.

“Queremos recalcar que la información ha sido manejada por nuestros defensores penales públicos bajo estrictas medidas de confidencialidad y nunca ha sido entregada a terceros, ese es el actuar que siempre han tenido -y van a seguir teniendo- nuestros defensores”, zanjó.

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