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Este lunes fue publicada en el Diario Oficial la Ley Nain-Retamal, iniciativa fusionada e impulsada por parlamentarios de la actual oposición, que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, al igual que de autoridades marítimas y de aeronáutica civil.

Tras el crimen del suboficial mayor Daniel Palma, el presidente Gabriel Boric promulgó el pasado jueves 6 de abril la medida que tuvo una acelerada tramitación en el Congreso Nacional, junto con otros proyectos que buscan enfrentar la crisis de seguridad: la Ley 21.555, que refuerza las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión; la Ley 21.557, que modifica el código penal para agravar la pena del delito de secuestro; y la Ley 21.556, que aumenta la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.

Esto ocurre ante los asesinatos también de los otros suboficiales mayor Alex Salazar y Rita Olivares, quienes también fueron funcionarios de Carabineros que murieron tras un procedimiento.

Detalles de la Ley Nain-Retamal

  • Da mayor protección y garantías para que las policías, Gendarmería, Fuerzas Armadas, la policía marítima y la Dirección General de Aeronáutica, puedan cumplir su labor cuando cumplen rol de orden público.
  • Regula la legítima defensa en el Código Penal, acotando la presunción en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
  • La aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado, sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes).
  • Cuando no se dan de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza, se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad, excepto que haya dolo.
  • Las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad no procederán a delitos contra la vida y la integridad física de funcionarios de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile.
  • Se restablece la responsabilidad penal del alto mando y se precisa el delito de apremios ilegítimos.

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