Desde el inicio de la crisis social en Chile, 45 personas han sido formalizadas en causas en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE), la cual eleva las penas por determinados delitos contra el orden público.
De estos casos, 17 se encuentran cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva hasta el momento.
Según detalla La Tercera, la región que concentra más casos de formalizados es la de Atacama con 14 causas, aunque solo uno se encuentra en prisión preventiva. La siguen la Región Metropolitana, con 12, y Coquimbo, con 5.
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Otras zonas del país que cuentan con casos formalizados son las regiones de Arica y Parinacota (4), Valparáiso (4), Concepción (3) y Los Lagos (3).
Algunos de los delitos por los cuales el gobierno se hizo parte están la quema de estaciones del Metro de Santiago; ataques de bombas molotov contra personal de Carabineros; la quema de una iglesia en la Región de Los Lagos y el levantamiento de barricadas en las líneas férreas de Pedro Aguirre Cerda.
Junto a los 17 imputados que cumplen prisión preventiva, se cuentan además 5 personas que cumplirían la medida cautelar de arresto domiciliario y otros 23 que se encuentran con firma mensual, prohibición de salir del país o bajo la sujeción del Sename, como es el caso de un menor de edad.
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Entre los casos que han tenido mayor impacto en la opinión pública se encuentran el del profesor Roberto Campos, quien debió pasar 56 días en prisión preventiva por la destrucción de un torniquete en la estación de Metro San Joaquín, y el caso del concejal de La Calera, Karim Chahuán (RN), por su presunta participación en un saqueo a un centro comercial.
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