El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, fue alertado 10 días antes de la publicación del medio Timeline que destapó el Caso Convenios.
De acuerdo a lo reportado por La Tercera, el parlamentario y el resto de la directiva de la colectividad, conocieron los antecedentes iniciales de la polémica que impactó al Gobierno.
La reunión se realizó a través de Zoom y se coordinó entre la directiva y parte del equipo de la diputada Catalina Pérez, los que habían recibido las primeras alertas respecto a una publicación que la involucraba a ella como nexo entre el exseremi de Vivienda y Urbanismo, Carlos Contreras y su expareja, Daniel Andrade, en la firma de convenios.
En la cita, también estuvo presente el senador Latorre, junto a Contreras, Andrade, parte de la directiva regional de RD de Antofagasta, liderada por la CORE, Paula Orellana y algunos miembros del equipo de la diputada Pérez. En la instancia, se dieron a conocer los primeros antecedentes de lo que en un inicio era un rumor de irregularidades en “boleteos” por parte de militantes de RD.
Un “error político”
Según el citado medio, el relato de la exautoridad de Vivienda era que, a nivel central, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) había requerido más información sobre la legalidad de los convenios con Democracia Viva.
Por su parte, Andrade y Contreras desestimaron eventuales irregularidades y señalaron que los convenios estaban en regla y los trabajos estaban en desarrollo.
De esta manera, diferentes voces señalaron a La Tercera, que la reunión terminó sin mayores alertas y que en caso de llegar a la prensa, la situación correspondía a un “error político” y que los antecedentes daban el respaldo para demostrar que no existían irregularidades.
Relato que fue adoptado por Latorre en sus primeras declaraciones respecto al tema. “Nosotros nos tomamos muy en serio los principios de probidad, transparencia y ética en política y combatimos justamente cualquier atisbo de corrupción, de conflicto, de interés. Y por lo mismo hemos impulsado como directiva nacional varias acciones. En primer lugar, que los militantes que firmaron el convenio entre el Serviu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva (…), pongan todos los antecedentes en nuestro Tribunal Supremo y se sometan a la investigación (…)”, dijo el senador el pasado 19 de junio en La Moneda.
“Por otro lado, le hemos pedido a la diputada Catalina Pérez, y ella ha accedido, obviamente con muy buena disposición, a poner un oficio y un requerimiento en Contraloría para que se investigue este convenio. La información que tenemos hasta el día de hoy, insisto, la información preliminar que tenemos hasta el día de hoy es que acá no hay nada ilegal. De hecho, son convenios que se están ejecutando, son programas que forman parte del Ministerio de Vivienda con muchas fundaciones de la sociedad civil. Lo que sí hay es una arista, más bien, si usted quiere, de ética política“, agregó.
Asimismo, en dicha oportunidad calificó la situación de “error político” e “imprudencia” de los hechos conocidos.
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