En medio del creciente malestar por el uso irregular de licencias médicas en el sector público, el Gobierno trabaja contra reloj en una reforma estructural al régimen actual, una medida que forma parte del protocolo firmado en 2024 entre el Congreso y el Ministerio de Salud como condición para aprobar el presupuesto fiscal de 2025.
La iniciativa legislativa responde a un compromiso asumido en 2024 por el Gobierno con el Congreso, como parte de las negociaciones para aprobar el presupuesto fiscal de 2025.
El acuerdo establecía que La Moneda debía ingresar un proyecto de ley que modernice el cuestionado régimen de licencias.
El detonante para acelerar este proceso fue un informe de la Contraloría General que reveló una práctica generalizada: más de 25.000 funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras declaraban estar con licencia médica.
Una situación que, según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destapó un problema de fondo.
“Ya se han iniciado más de 6.500 sumarios por estos casos”, afirmó.
Actualmente, el Ministerio de Salud lidera la elaboración del borrador del proyecto, en conjunto con Fonasa.
Aunque el texto aún no está terminado, según consignó La Tercera, la propuesta apuntará a corregir distorsiones e incentivos que han favorecido el abuso del sistema.
Los detalles de la iniciativa
Una de las medidas en evaluación es eliminar el denominado “período de carencia”, que hoy exime del pago de los primeros tres días en licencias de hasta 10 días, lo que podría estar motivando solicitudes más largas de lo necesario para evitar ese costo.
El Ejecutivo también apunta a reformar el artículo 111 de la Ley 18.834, que regula las licencias en el sector público y garantiza el 100% del salario durante la licencia, a diferencia del régimen privado.
La propuesta busca transitar hacia un modelo en el que la remuneración disminuya gradualmente conforme se extienda el reposo médico.
Además, se estudia el rol de las cajas de compensación en la tramitación de licencias y se plantea que los casos que superen los 12 meses puedan ser derivados a evaluación de invalidez.
Según el medio anteriormente mencionado, tras la fase técnica liderada, que sería liderada por Fonasa, el texto pasará por el Ministerio del Trabajo y la Segpres antes de ser presentado oficialmente en el Congreso.
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