El sismo grado 8.8, afectó a cinco regiones del centro y sur del país. 25 familias de las víctimas que fallecieron en el tsunami del 27 de febrero de 2010 son las querellantes en este caso, las cuales son representadas legalmente, entre otros, por Alfredo Morgado.
El abogado del caso sostuvo que el Shoa estuvo bien al dar la alerta de tsunami, sin embargo “se equivocaron garrafalmente”, asegurando que “no es compresible la falta de conocimientos técnicos de sus funcionarios”. La fiscal de la causa, Solange Huerta, dictó el procesamiento a 8 imputados los cuales serán formalizados por cuasidelito de homicidio. En relación a las penas que arriesgan, Morgado enfatizó que “en un principio la penalidad merece de 61 días a 3 años de prisión”.
Morgado, quien mantiene contacto con las familias demandantes, sostuvo que “la gente está más tranquila porque siente que se está llegando a la verdad. Se ha dado un paso tremendamente importante”.
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