FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

Fiscalía investiga un millonario fraude en la Gobernación Regional de La Araucanía. Se trataría de $730 millones que involucran a las fundaciones Folab y Educc, que habrían desviado recursos. El caso se enmarca en el denominado Caso Convenios y el diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicano) se mantiene como imputado en la causa.

En agosto de 2023, el parlamentario acudió al Ministerio Público para entregar declaración de forma voluntaria, ya que había prestado recursos a una de las ONG involucradas en la indagatoria, consigna La Tercera.

Fiscalía indició que entre junio y agosto de 2022, Ojeda mantuvo conversaciones con su amiga Rinett Ortiz, directora y representante legal de Fundación Folab, que tenía problemas económicos. La mujer le pidió $70 millones para costear las deudas que tenía.

Ojeda, a través de un crédito de consumo que pidió a Banco Santander, le prestó $40 millones, mientras que los 30 restantes se los pidió a su amigo Patricio Esparza, quien transfirió el dinero directamente.

¿Qué tiene que ver el GORE de La Araucanía?

La semana pasada, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso que sumado a los préstamos, el parlamentario realizó “diversas acciones” para que Folab tuviera liquidez. En ese contexto es que se habría comunicado con el jefe de gabinete de la Gobernación de La Araucanía, Juan Pablo Leonelli, y le habló de la fundación, sus actividades y la amistad que tenía con la directora de la entidad.

El citado medio señala que luego de la acción de Mauricio Ojeda, Folab se adjudicó aportes estatales para hacer cursos de peluquería, manicura y masoterapia. Sin embargo, ninguno de ellos se llevó a cabo porque el dinero se desvió para pagar las deudas que tenía. 

El diputado relató a Fiscalía que Ortiz le devolvió luego $42.400.000 con intereses, pero que no se acordaba si el dinero había sido transferido desde la cuenta de la fundación o desde su cuenta personal.

Teléfono en mal estado

Otro antecedente que se suma a la causa es que en octubre de 2023, cuando los investigadores solicitaron su celular al diputado, este fue entregado a la PDI en pésimas condiciones. Ojeda argumentó que estaba así por una supuesta “jugarreta” de su hijo de tres años. Sin embargo, el móvil estaba destruido casi en su totalidad.

El problema mayor se dio luego de que Miguel Ortiz -hermano de Rinett Ortiz- declarara ante Fiscalía que el parlamentario le había sugerido que desaparecieran o quemaran los teléfonos.

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