El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió una declaración en respuesta al informe de la Contraloría General de la República, que reveló que 58 pensionados de gracia del estallido tienen antecedentes y condenas por delitos violentos, y, además, responsabilizó al organismo por la revisión de antecedentes para la entrega de los beneficios.
Según el organismo, las leyes de Presupuesto 2021 y 2022 “encomendaron al INDH acreditar la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos” a quienes sufrieron lesiones durante el estallido.
Al mismo tiempo, señala que “no hubo encargo para el INDH en cuanto a la magnitud de las lesiones y su relación causal con el menoscabo laboral de tales víctimas”.
El otorgar los beneficios “estaba radicado en el Ministerio del Interior, acción que ejecutó a través del Departamento de Acción Social (DAS) y la comisión especial asesora. El INDH nunca intervino en este proceso y su actuación se restringió a acreditar la calidad de víctimas de las personas afectadas y que lo requirieran”, dicta el documento.
Bajo esa línea, las pensiones asignadas por decisión de Interior “lo fueron en virtud de la glosa de personas de afectación en el marco de las manifestaciones. No lo fueron conforme a las glosas que mencionan al INDH”.
La evaluación o acreditación de lesiones y el menoscabo laboral que puedan ocasionar “están fuera de las facultades que la Ley N°20.405 otorga al INDH y eso son tareas completamente ajenas a su misión y competencias”, agrega.
El Instituto apunta a que el informe de la Comisión Investigadora de pensiones de gracia de la Cámara de Diputados, publicado el 5 de enero de 2024, “dejó constancia que se cumplió la obligación que impusieron las glosas, dentro del marco de las competencias del INDH”.
“Este documento no formuló reproche al procedimiento de acreditación de la calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos realizado por el INDH”.
19 casos objetados
El informe del órgano contralor también constató la existencia de 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia que no presentaban antecedentes médicos, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019.
Dichos expedientes fueron presentados por el Departamento de Acción Social a la Comisión Especial Asesora “sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación”.
Del total de ellos, 9 fueron subsanados luego de que el INDH presentara antecedentes. Respecto a los 10 restantes, el organismo advierte que el pasado 5 de enero entregó nuevos datos a Contraloría, “además de solicitarle la reconsideración para así dejar sin efecto la iniciación de un proceso disciplinario, planteado por el ente contralor”.
Dichos antecedentes “dan cuenta de la acreditación de la condición de víctima hecha por el INDH, de acuerdo a los criterios establecidos para dicho procedimiento”.
Además, se remitieron a Contraloría antecedentes vinculados a diagnósticos de centros de salud, y en dos casos, del Protocolo de Estambul -instrumento de la ONU que permite acreditar casos de tortura- realizados por el Servicio Médico Legal.
Deja tu comentario