Este martes fueron publicados los resultados de la encuesta CERC-MORI, donde se registró que un 36% de los encuestados aseguraron que los militares “tenían razón” para derrocar el gobierno del expresidente Salvador Allende.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación en torno al tema.

“Contemplamos con preocupación esta respuesta, más aún porque este año se cumplen 50 años de la interrupción de la democracia. Para quienes nacieron después de 1990, nuestro actual sistema republicano puede parecerles uno de tantos con la capacidad de mejorar los índices de bienestar o, peor aún, se les puede presentar como un obstáculo para sus anhelos”, señaló el organismo liderado por Consuelo Contreras.

La democracia es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y no existe razón que valide su interrupción. La independencia de los poderes del Estado y el respeto de los derechos humanos encarnan sus pilares fundamentales. No hay otro sistema de gobierno en que las garantías de todas las personas se encuentren mejor resguardadas”, agregaron.

Asimismo, aseguran que la cifra entregada por el estudio de opinión “debe ser tomada por nosotros como una lección. Nos hace presente que podemos estar fallando en transmitir el mensaje adecuado a quienes residen en el país, muy en especial a aquellos que no vivieron cotidianamente la violencia y las vulneraciones que se convirtieron en elementos habituales de la dictadura“.

“Los derechos de las personas enfrentan en el mundo contemporáneo una serie de amenazas. Su protección requiere de condiciones de seguridad, que solo se pueden consolidar en democracia. No hay razón que justifique apartarse de un camino en el que ya hemos alcanzado logros tan relevantes para el bienestar de todos quienes viven en Chile”, zanjaron.

Ministro Cordero dice que es preocupante que el 36% de los chilenos justifique el golpe de Estado de 1973

En entrevista con ADN, el secretario de Estado comentó que, a su juicio, “a 50 años del golpe debiéramos tener consensos básicos. Uno, que quebrar el orden institucional para imponer otro, es romper las bases esenciales del Estado de derecho. Lo segundo es que no hay justificación para ninguna lucha política que justifique las violaciones sistemáticas a los derechos humanos“.

De este modo, el ministro sostuvo que es preocupante el dato de la encuesta, ya que “evidentemente implica justificar un quiebre institucional y la tragedia que todo eso tuvo con posterioridad”, consignó el medio citado.

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