CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
El ex diputado UDI fue vinculado a tráfico de influencias por un contratista del Ministerio de Obras Públicas. De acuerdo al empresario que reveló los antecedentes, inicialmente Hasbún le pidió $30 millones para interceder por él ante el MOP.
El ex diputado UDI Gustavo Hasbún interpuso una querella contra el empresario Bruno Fulgeri, contratista que denunció las presuntas coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en La Araucanía.
La acción judicial fue presentada por su abogado Mario Vargas en el Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de injurias graves con publicidad.
“Como ya se adelantó, el referido audio ha sido interpretado dolosa y mañosamente por parte del querellado, toda vez que éste no refiere a la coordinación de una coima o pagos irregulares, sino que versa sobre una asesoría que el señor Fulgeri me solicitó debido a que él estaba teniendo problemas con la ejecución de algunos contratos con el MOP en La Araucanía, asesoría que, obviamente, tiene un costo en honorarios profesionales”, señala la querella.
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Fulgeri desmintió a Hasbún esta mañana y aseguró que el ex diputado le solicitó $30 millones para interceder ante el MOP. Esta habría sido la primera cifra que le pidió el ex parlamentario, pero que luego habría sido ajustada a unos $20 millones.
Según declaró Fulgeri, él contactó al ex parlamentario para solicitarle una firma con el objetivo de lograr que el MOP le pagara un contrato pactado para la ciudad de Villarrica, el que habría sido negado por la cartera.
Aunque Hasbún dijo que se trataba de una asesoría, el contratista desmintió que ese fuera el nexo y aseguró que fue el propio Hasbún quien propuso una transacción económica para realizar las gestiones. Fulgeri aclaró, sin embargo, que nunca se concretó el pago por falta de recursos.
Luego de ello, aseguró, dejaron de contratar sus servicios y actualmente le adeudarían más de $600 millones.
El contratista también desmintió al ministro de Economía, Lucas Palacios, quien aseguró que fue la cartera quien congeló su participación. Desde el Gobierno, en tanto, respaldaron la defensa del secretario de Estado.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.