Un estudio de Acción Educar reveló que las universidades adscritas a la gratuidad podrían perder hasta 3 millones de pesos por cada alumno que no cuente con este beneficio.
Esto debido al reajuste que los planteles deberán hacer en sus aranceles para que los estudiantes que no cuenten con el beneficio paguen un precio máximo establecido por ley.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, explicó que “esa limitación de todas maneras genera un déficit financiero, recursos que se dejan de recibir por parte de las instituciones, lo que va a implicar una mayor brecha financiera a la que ya están asumiendo por participar en esta política”.
De acuerdo a Rodríguez, las instituciones más afectadas “son las universidades privadas que están fuera del Cruch“.
“La discriminación histórica entre las universidades del Cruch y no del Cruch, que se materializa en estos fondos directos hacia las instituciones, permanece y se profundiza con este tipo de políticas que requieren compartir la inversión entre el Estado y la institución”, aseguró.
Pese a que la ley no especifica cuándo entrará en vigencia esta modalidad, Rodríguez sostuvo que “lo razonable es que comenzara el año 2019”.
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