Consejeros regionales del Biobío denunciaron un supuesto conflicto de interés en un convenio por $376 millones suscrito por el GORE con la Corporación Motum. Organización integrada por un exvocero de campaña del gobernador Rodrigo Díaz.
De acuerdo a lo consignado por Cooperativa, este contrato habría sido suscrito el pasado 5 de junio con las firmas de Díaz, la presidenta del directorio de la fundación, Catalina Taccone, y del tesorero de la misma, Giorgio Galgano quien se desempeñó como portavoz de la autoridad cuando se postuló al Gobierno Regional.
A dicha organización se le asignaron 376.098.000 pesos para la implementación, durante dos años, del programa “Capacitación Resolución Pacífica de Conflictos Estudiantiles de Enseñanza Media del Biobío”. De ese total, el 30 de junio el GORE transfirió 230 millones.
Según lo presentado por los consejeros ante la Contraloría, el 11 de julio Galgano fue designado encargado y coordinador del proyecto, y luego, el día 28, la fundación eligió una nueva directiva, de la que Galgano y Taccone ya no serían parte.
Por ello, los consejeros Camila Arriagada, Javier Sandoval, Gabriel Torres, Piero Blas y Gianina Contreras solicitaron que el órgano contralor determine si existió o no conflicto de interés.
Esto porque, además de que Galgano fue vocero de la campaña del gobernador. “Al pasar el tiempo, en julio, vemos que estas personas renuncian al directorio de la corporación para poder ser coordinadores de este mismo programa: hay un conflicto de interés eventualmente, que vamos a pedir a Contraloría lo investigue”, expresó Arriagada al mencionado medio.
“No participo en la asignación directa de recursos”
Al respecto, el gobernador Díaz afirmó que Galgano “efectivamente colaboró en mi campaña, no fue una persona contratada en la campaña (…) nada más que eso”-
“Lo importante es que la comunidad debe saber que yo no participo en la asignación directa de esos recursos. Lo que hemos hecho es que todo aquello que tiene correspondencia con la estrategia nacional de desarrollo, con el programa de Gobierno (Regional), que tiene recomendación técnica de quienes lo ven, todos siempre se han financiado porque nosotros no discriminamos a las personas cuando hay buena idea”, explicó.
Además, los consejeros cuestionaron también si Motum era la elección adecuada para la ejecución del programa. “No se logra visualizar las competencias profesionales de esta organización para dar solución a una problemática de esta naturaleza“, añadieron.
“Más aún, desconocemos si los gestores de la iniciativa y fundadores de la Corporación cuentan con certificación profesional, toda que vez que Taccone estudió Periodismo en la Universidad del Desarrollo y Galgano, Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción, mientras que sus propios registros en sus redes sociales no dan cuenta de haber terminado sus carreras”, expresaron en el requerimiento.
También, pidieron que la Contraloría se pronuncie respecto un presunto sobreprecio en los sueldos de Galgano y Taccone en el marco del programa, ya que en sus nuevos puestos -como coordinador y gestora, respectivamente- perciben 1,8 millones de pesos mensuales, que sumarían 86 millones totales durante los dos años de la iniciativa. Lo que sería equivalente al 23% de los recursos otorgados por el GORE.
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