Esta jornada, el Gobierno puso suma urgencia a la discusión del veto presidencial aplicado al proyecto de ley de usurpaciones, el que elimina la “legítima defensa privilegiada” y regula la proporcionalidad de las penas.
La acción obligará al Senado a votar el veto en un plazo máximo de 15 días, plazo que empieza a correr desde este miércoles.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló, durante la sesión que se desarrolló hoy en la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, las 14 observaciones que contiene la iniciativa y aseguró que la forma en la que en que se ha presentado el debate ante la opinión pública “ha sido muy divisiva“.
“Ha sido tan radicalizadora de las posturas, que era bueno que, a propósito del veto, se hiciera una manera de debatirlo como un solo paquete, y no correr el riesgo de terminar con una ley desarmada por todos lados”, precisó la secretaria de Estado.
¿Qué es la Ley de Usurpaciones?
El proyecto de ley establece sanciones más estrictas para el delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad este delito.
De esta manera, se busca extender el período de flagrancia en casos de usurpación y permite la restitución anticipada del inmueble ocupado durante la investigación del delito o al presentarse una demanda civil.
Esta medida cuenta con la legítima defensa privilegiada, la que establece las causales que eximen a las personas de responsabilidad penal.
Asimismo, el proyecto propone asignar al delito de ocupación la pena de presidio menor en su grado medio a máximo cuando esta se realice con violencia o intimidación en las personas.
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