El actual Gobierno ha rechazado 105 solicitudes de indulto, entre ellas dos vinculadas al estallido social ocurrido en octubre de 2019.
El tema resurge a más de un año de que la administración de Gabriel Boric anunciara el indulto de 13 personas por delitos cometidos durante las movilizaciones de 2019. Aunque esta medida constituía una promesa de campaña, generó sorpresa y polémica en el ámbito político.
La situación llevó a la salida de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien enfrentó una acusación constitucional presentada por Renovación Nacional (RN).
En su reemplazo, asumió el abogado Luis Cordero, marcando un cambio de enfoque en la cartera.
Bajo la administración de Cordero, se han presentado un total de 105 solicitudes de indulto, 46 ya habían sido descartados durante la administración de Ríos y 56 han sido rechazadas por Cordero, entre las que destacan dos relacionadas con “presos” del estallido social, según consignó La Tercera.
En detalle, de las 105 solicitudes, 9 eran de mujeres y 96 de hombres.
87 de ellos se encontraban cumpliendo condena en alguna prisión de Chile, uno se encontraba bajo arresto domiciliario, 3 en Centros de Reinserción Social y 11 en Centros de Apoyo para la Integración Social.
Asimismo, tres personas en libertad, que habían sido multados o inhabilitados para ejercer cargos o conducir vehículos, presentaron solicitudes de indulto que fueron rechazadas.
La nueva política de otorgamiento de indultos responde a los criterios de política indicados por el presidente de la República.
En ese sentido, Cordero enfatizó que los indultos asociados al estallido social tenían un contexto y un momento específicos, que no son los vigentes en la actualidad.
En total, durante el gobierno de Boric, se han concedido únicamente 17 indultos, siendo 15 de ellos otorgados durante la gestión de la exministra Ríos y solo dos bajo la dirección de Cordero.
Este enfoque marca una clara diferencia en comparación con la política anterior y refleja el cambio de criterio en la concesión de indultos en el Ministerio de Justicia.
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