Nueva temporada de CNN Íntimo: Primer capítulo con Juan Carlos de la Llera, rector UC
En la conversación con Burgos, De la Llera aborda diversos temas trascendentales para el país, como el fin al CAE, el feminismo y los abusos de la iglesia.
La ministra vocera, Camila Vallejo, expresó que el Gobierno "ha llegado al convencimiento de que hay que modernizar la ley, y hay que actualizarla aún más a propósito de los hechos", reiterando las declaraciones entregadas la semana pasada por la Subsecretaría del Interior.
El Gobierno abordó nuevamente la polémica que se ha generado en torno a la entrega de pensiones de gracia a víctimas de represión durante el estallido social, especialmente a aquellas personas que cuentan con antecedentes penales.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a que las pensiones están reguladas por un reglamento que “terminó de redactarse en enero de 2022″. Eso sí, dijo que “lo vamos a cambiar por los efectos que tiene”.
Por ello, las indicaciones que presentó este lunes el Ejecutivo buscarán modificar principalmente dos aspectos.
El primero es “tener a la vista antecedentes penales que antes no se tenían”. Según dijo, “antes se entregaban pensiones sin reparar en los antecedentes, y se exigían otros requisitos”.
El otro punto se vincula a la posibilidad de quitar los beneficios a aquellas personas que cometan delitos, es decir, que pueda ser revocable.
“El Ejecutivo ha llegado al convencimiento de que hay que modernizar la ley, hay que actualizarla aún más a propósito de estos hechos”, sentenció la ministra.
La semana pasada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya había abordado la controversia. Esto, luego que saliera a la luz que el Ministerio del Interior timbró el decreto que otorgó la pensión de gracia a Adán Isaac Marcelo Castro Cifuentes, de 25 años, quien llevaba más de un año condenado por dos cargos de maltrato de obra a Carabineros.
La autoridad subrayó que Interior entregó el beneficio de la misma forma y con el mismo reglamento que durante la administración de Sebastián Piñera y reconoció que el procedimiento debía ser mejorado para evitar otorgarlo a personas con antecedentes penales.
En esa línea, apuntó a que “nos parece que la autoridad política tiene que tener la facultad legal, clara y explicita de revocar este beneficio si es que una persona ha incurrido en conductas, como por ejemplo la comisión de un delito o por ejemplo, la comisión de un crimen”.
En la conversación con Burgos, De la Llera aborda diversos temas trascendentales para el país, como el fin al CAE, el feminismo y los abusos de la iglesia.