El Gobierno abordó nuevamente la polémica que se ha generado en torno a la entrega de pensiones de gracia a víctimas de represión durante el estallido social, especialmente a aquellas personas que cuentan con antecedentes penales.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, apuntó a que las pensiones están reguladas por un reglamento que “terminó de redactarse en enero de 2022″. Eso sí, dijo que “lo vamos a cambiar por los efectos que tiene”.
Por ello, las indicaciones que presentó este lunes el Ejecutivo buscarán modificar principalmente dos aspectos.
El primero es “tener a la vista antecedentes penales que antes no se tenían”. Según dijo, “antes se entregaban pensiones sin reparar en los antecedentes, y se exigían otros requisitos”.
El otro punto se vincula a la posibilidad de quitar los beneficios a aquellas personas que cometan delitos, es decir, que pueda ser revocable.
“El Ejecutivo ha llegado al convencimiento de que hay que modernizar la ley, hay que actualizarla aún más a propósito de estos hechos”, sentenció la ministra.
La semana pasada, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ya había abordado la controversia. Esto, luego que saliera a la luz que el Ministerio del Interior timbró el decreto que otorgó la pensión de gracia a Adán Isaac Marcelo Castro Cifuentes, de 25 años, quien llevaba más de un año condenado por dos cargos de maltrato de obra a Carabineros.
La autoridad subrayó que Interior entregó el beneficio de la misma forma y con el mismo reglamento que durante la administración de Sebastián Piñera y reconoció que el procedimiento debía ser mejorado para evitar otorgarlo a personas con antecedentes penales.
En esa línea, apuntó a que “nos parece que la autoridad política tiene que tener la facultad legal, clara y explicita de revocar este beneficio si es que una persona ha incurrido en conductas, como por ejemplo la comisión de un delito o por ejemplo, la comisión de un crimen”.
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