Agencia UNO

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, aseguró que la decisión de que los diputados de su partido rechazaran la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, no significa que “estemos rompiendo con Chile Vamos“.

La decisión de los parlamentarios de Evópoli fue cuestionada por el secretario general de RN, Diego Schalper, quien los acusó de darle una “puñalada al corazón de Chile Vamos“.

Al respecto, Hutt subrayó que “por supuesto que el secretario general de RN tenía unas expectativas distintas, porque él fue el promotor de esta acusación constitucional. Pero por sobre todo, y siendo un partido de centroderecha liberal, nosotros protegemos la libertad de las personas para tomar sus decisiones“.

En ese sentido, comentó que “independiente de que seamos un partido que llegamos a la convicción de que la acusación no tiene un sustento jurídico que justifique votar por ella, eso no significa que estamos avalando la gestión del ministro, de ninguna manera“.

Tampoco significa que estemos rompiendo con Chile Vamos, para nada. Aquí el respeto por la libertad de cada uno es algo que hemos mantenido siempre y nosotros seguimos completamente comprometidos con los objetivos de Chile Vamos y con ser un conglomerado de centroderecha que represente las ideas de muchas personas”, agregó.

“Así que espero que después que las pasiones se calmen, se logre entender que no hay un respaldo al Gobierno, una acusación constitucional es un juicio que ocurre en un ámbito político, pero a todos nos gustaría que si vamos a ser juzgados, eso ocurra en condiciones de objetividad y de buena justificación“, planteó.

Acusaciones de “homofobia” contra diputada Cordero y Marcela Aranda

En relación con los dichos de la diputada María Luisa Cordero (IND-RN) y la exvocera del “bus de la libertad”, Marcela Aranda, respecto a la orientación sexual del ministro, Hutt señaló que “esas dos declaraciones terminaron por convencer de que había una confusión conceptual grande de esta acusación“.

“El uso de la herramienta acusación constitucional, que es la más extrema que uno puede usar constitucionalmente para objetar la gestión de alguna autoridad pública que están establecidas en la Constitución, también tiene que tener muy buenos sustentos, porque antes hay otras posibilidades, como la interpelación y la comisión investigadora”, zanjó.

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