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La tarde de este viernes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, salió de su cargo tras presiones de la oposición y en medio de enfrentar una acusación constitucional impulsada por el Partido Republicano.

El presidente Gabriel Boric se reunió con el secretario de Estado alrededor de las seis de la tarde, tras participar en una actividad en el Museo de la Memoria en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

El pasado martes 8 de agosto, la bancada del Partido Republicano presentó una acusación constitucional contra Giorgio Jackson tras la polémica que estalló por el Caso Convenios. El libelo acusatorio tenía previsto ser presentado el próximo lunes 14 de agosto en la Cámara.

El jefe de bancada de los Republicanos, Benjamín Moreno, encendió las alarmas tras anunciar que la acusación lo señala de comprometer gravemente el honor de la nación, infringir la constitución y las leyes, y dejar estas sin ejecución.

Giorgio Jackson presentó su renuncia en la cartera de Desarrollo Social.

“Mentiras y calumnias que se han mencionado en mí contra”

“Tras una reunión con el presidente, quiero comunicar que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de manera indeclinable y en forma presencial al presidente de la República, Gabriel Boric, y a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Llegué a esta convicción después de reflexionar bastante y de constatar que Chile está cansado de vernos pelear, y que existen excusas que nos impiden avanzar“, abrió su discurso el exministro.

En sus declaraciones, agradeció el respaldo recibido por parte del Gobierno. “Estas semanas han sido difíciles, en medio de diversas mentiras y calumnias que se han mencionado en mí contra”, expresó.

Tras desencadenarse el Caso Convenios, que puso al descubierto millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, en la que en ese momento estaban involucrados los exmilitantes de Revolución Democrática: el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, representante legal de la entidad.

La oposición comenzó a exigir la salida del ministro Jackson, argumentando que debía asumir las responsabilidades al ser considerado el ideólogo del partido.

Después, la situación se complicó aún más cuando la senadora Yasna Provoste (DC) presentó un oficio en la Contraloría para solicitar una auditoría sobre un convenio entre la Seremi de Desarrollo Social de Atacama y una fundación en el contexto del programa “Noche Digna”. El objetivo era asegurar que se fiscalizara la asignación de $160 millones destinados a la ejecución del proyecto.

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