La Fundación Horizonte Ciudadano, fundada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2018, recibió $379 millones por parte del Gobierno Regional (GORE) del Biobío. Según información entregada por Radio Bío-Bío, el traspaso de dineros fue realizado el pasado 22 de diciembre de 2022, mediante un convenio armado por el gobernador Rodrigo Díaz Worner y el representante legal de la institución privada, Pedro Güell.
La aprobación del traspaso fue ejecutado bajo el alero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Actualmente, la fundación trabaja en el proyecto denominado: “Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia”, el cual busca levantar las voces de niños y adolescentes sobre violencia para la construcción de políticas públicas. La Contraloría tomó razón del convenio el 2 de diciembre de 2022.
Los vínculos con la exmandataria
El gobernador de la región, Rodrigo Díaz, ha sido una persona de confianza cercana a la exmandataria. Durante el primer mandato de Bachelet, Díaz ocupó el cargo de gobernador de la provincia de Concepción (2004-2007) y seremi de Gobierno (2007-2008) en la región del Biobío. En su segundo mandato, ejerció como intendente durante los cuatro años de presidencia (2014-2018).
Asimismo, Pedro Güell, quien desempeñó un papel importante en la creación del convenio, fue un asesor influyente en el Gobierno de la exjefa de Estado. Por otra parte, en la zona, la iniciativa está siendo liderada actualmente por María Estela Ortiz, quien es amiga personal de la expresidenta.
En la organización también figuran como directoras, Ana Lya Uriarte, exministra Secretaria General de la Presidencia de Boric, así como Haydée Rojas, exjefa de prensa de Bachelet.
La amiga personal de Michelle Bachelet
De acuerdo a la información recabada por Radio Bío-Bío, Ortiz -educadora de párvulos y profesora básica de la Universidad de Chile- percibe un sueldo bruto de $2,5 millones por su rol en este programa.
En la elaboración de la propuesta ingresada al GORE, la fundación aludió a un proyecto anterior de similares características, realizado entre 2015 y 2017 por el Consejo Nacional de la Infancia (Conain) donde Ortiz ejerció como secretaria ejecutiva.
Durante su paso por dicha entidad fue cuestionada -mediante Contraloría- por recibir más de $3 millones de sobresueldo. Sin embargo, desde la fundación defienden su trayectoria como vicepresidenta ejecutiva de la Junji y su rol en el Consejo de la Infancia. Así como su desempeño como consultora internacional en temas de primera infancia en el BID y Unicef.
Asimismo, el hijo de María Estela Ortiz también se encuentra dentro del programa financiado por el GORE. Se trata del guionista Juan José Parada Ortiz, quien se desempeña como asesor de comunicaciones del proyecto y percibe honorarios brutos por $1,8 millones.
Según el mencionado medio, el convenio se pagó en una sola cuota, al contrario de lo que se suele hacer con estos proyectos.
El proyecto en curso de la Fundación de la expresidenta
Además de María Estela Ortiz y su hijo, el equipo de la Fundación Horizonte Ciudadano lo completa una serie de profesionales.
Mónica Soto Pérez, ingeniera comercial- quien es también la encargada de gestión y finanzas de la educación- recibe honorarios brutos de $1 millón como asistente financiera.
En tanto, Andrés Echeverría Notón, ejerce como jefe técnico por 2,2 millones. Además, también figura como encargado de DD.HH. y Migraciones.
Echeverría tendría nexos pasados con Ortiz, ya que fue asesor del área intersectorial en el Consejo Nacional de la Infancia entre 2014 y 2018.
Carolina Soto, quien forma parte de la misma área, cobra $1,8 millones por su rol de coordinación territorial del proyecto. Asimismo, Rosita Palma Sepúlveda recibe pagos mensuales por $1,9 millones como responsable de la generación de materiales y contenidos.
En mayo pasado se presentó el programa “Ahora tienen que escucharnos-Ideas para convivir”. Su lanzamiento se llevó a cabo en un acto en el Salón Mural del Gobierno Regional del Biobío, donde asistieron 150 alumnos pertenecientes a establecimientos educacionales de las tres provincias de la región.
Sin embargo, y de acuerdo a la planificación original del proyecto, para mayo y junio debían estar realizados los diálogos con los estudiantes. Al consultar a algunos colegios en el Gran Concepción, estos aún no han sido contactados para convocar a sus alumnos.
Al respecto, la fundación asegura que las fechas hasta el momento no han sido modificadas y las acciones comprometidas se ejecutarán dentro de los plazos establecidos. De todas formas, reiteran que los recursos fueron recibidos en diciembre, lo que influiría en las fechas del proyecto.
El 15 de junio, la organización ingresó una solicitud de modificación de programa. Se trataba de una modificación del presupuesto, a modo de incorporar un nuevo profesional de apoyo denominado “asistente administrativo” para lo que se requería pagar un millón por cinco meses.
También solicitaron un aumento al salario, vía redistribución de fondos, al periodista del programa. En específico, propusieron un alza de $300 mil brutos para él.
Además, pidieron aumentar el gasto en tickets de avión, ya que necesitan realizar un mayor número de viajes a la región de lo que se había planificado inicialmente. Esto se debería a una subrepresentación del universo inicialmente considerado en el proyecto, porque el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) que tenían previsto aumentó significativamente.
“El 20% de los alumnos, según los datos con los que contábamos el 2022, efectivamente eran 30 mil. Siempre establecimos que esas cifras eran un mínimo de participación, no un tope. Hicimos las modificaciones correspondientes, para asegurar el mayor grado de participación, no un tope. Hicimos las modificaciones correspondientes, para asegurar el mayor grado de participación. No hay error de cálculo, solo una definición estratégica de aumentar la cobertura”, argumentaron desde la fundación.
Para solucionar el problema, solicitaron tomar fondos del ítem “Pautas de prensa/eventos lanzamiento y cierre” y así utilizar una porción de estos recursos para financiar parte del presupuesto adicional requerido.
Como parte de esta redistribución, Horizonte Ciudadano propuso posponer el seminario internacional planificado como actividad de cierre, reemplazándolo por una ceremonia en la cual se presente exclusivamente el documental del proceso a los actores clave y autoridades locales. Lo que no significó un aumento de los recursos, sino que solo un cambio de gasto.
Toma de razón de Contraloría
Desde Horizonte Ciudadano hacen hincapié en que la Contraloría General de la República tomó razón el 2 de diciembre de 2022 del convenio entre la fundación y el Gobierno Regional del Biobío, lo que lo diferenciaría de otros casos que han estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas.
En ese sentido, destacan que “el proyecto recorrió todos los conductos regulares establecidos, el 12 de julio se postuló al programa de FNDR y además cuenta con recomendación técnica del 15 de septiembre del 2022 extendido por la Unidad de Programas de la División de Presupuesto e Inversión Regional y tiene toma de razón por orden del contralor general de la República, con fecha del 2 de diciembre del 2022, entre otros procedimientos administrativos”.
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