El lunes se reveló que la diputada socialista Jenny Álvarez no tiene su esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y que está contagiada con el virus, lo que generó un extenso debate sobre si las autoridades deben prohibirle el acceso al Congreso a los parlamentarios que se resistan a inocularse.
En conversación con La Tercera, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Francisco Undurraga, expresó que el caso de la diputada Álvarez era conocido por todos los comités políticos y que incluso quienes se sientan a su lado en los hemiciclos también estaban enterados de su posición.
“Todos los comités sabían. Si los comités no bajan esa información a sus miembros, no es problema nuestro. De hecho, las personas que se sientan al lado de ella estaban en conocimiento del tema”, dijo.
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Respecto a su contagio, Undurraga precisó que no se tiene certeza de que la parlamentaria fuese COVID positivo el día miércoles pasado. “Una vez informados nos quisimos juntar como mesa y con la secretaría general de la Cámara en términos telefónicos para saber con quién ella había estado. Pero no existe certeza si ella se contagió antes del día miércoles o posteriormente”, explicó.
Frente a las críticas a la conducción de la mesa sobre el caso de Álvarez, Undurraga argumentó que son injustas porque “la inmensa mayoría de los diputados, y al menos todos los jefes de bancadas, estaban informados de todas las acciones que hemos tomado durante toda la pandemia. Es más, las personas que se sentaban al lado de ella sabían que ella no se había vacunado”.
Además, expresó que de cara al nuevo Parlamento -con 90 diputados nuevos- existe un desafío en cuanto a la posición de las personas respecto a la vacunación. “Hay un desafío futuro para la ciudadanía completa, porque no podemos estar haciendo leyes solo para los parlamentarios. Es importante que los parlamentarios se dediquen a legislar y mantener el Parlamento activo a pesar de la pandemia. Así lo hemos hecho durante este período”, dijo.
Finalmente, expresó que no se puede obligar constitucionalmente a una persona a no asistir a la sala y que este problema “está en una persona que tiene una convicción en contra de la vacunación que podría arriesgar la salud de otras personas”.
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