La audiencia —realizada con apoyo de traductoras para los 27 imputados de origen chino— detalló cargos que van desde tráfico de drogas hasta secuestros y explotación sexual, además del uso del sistema financiero informal hawala.
La formalización de los miembros de la denominada “mafia china” concentró este viernes 5 de diciembre la atención en el Centro de Justicia, donde la Fiscalía comenzó a exponer los cargos y el funcionamiento interno de la organización que, según la investigación, operaba desde el barrio Meiggs y extendía sus actividades ilícitas por varias comunas de la capital.
Debido a que la mayoría de los imputados no comprende español, la audiencia se desarrolló con la presencia de traductoras, quienes asistieron a los 27 ciudadanos chinos detenidos para garantizar su comprensión del proceso, consignó Radio Biobío.
Durante la audiencia, el Ministerio Público detalló la magnitud de la supuesta red, atribuida a delitos como tráfico de drogas, homicidios, secuestros, explotación sexual, contrabando, cohecho, defraudaciones y falsificación de documentos.
Según la Fiscalía, los imputados integraban una estructura jerárquica con roles bien definidos, orientada a consolidar el control territorial en sectores comerciales de Santiago.
Los 30 detenidos —27 ciudadanos chinos, dos chilenos y un boliviano— fueron capturados durante la operación “Muralla Oriental”.
De ellos, 18 quedaron a disposición inmediata del Ministerio Público, mientras que el resto quedó apercibido a la espera de citaciones futuras.
Como parte del desglose de la investigación, el Ministerio Público explicó que la organización utilizaba la hawala, un sistema financiero informal que facilita transacciones internacionales sin pasar por bancos ni dejar registros.
Esta modalidad —basada en intermediarios, contraseñas y comisiones— habría permitido mover dinero de manera discreta y rápida, eludiendo controles y dificultando la trazabilidad del flujo de fondos.
La Fiscalía expuso que la captura de los sospechosos fue posible gracias a un operativo simultáneo que incluyó 63 allanamientos en domicilios y comercios de Santiago, Estación Central, Quinta Normal y Providencia.
Estos procedimientos permitieron recuperar evidencia clave sobre la red y su funcionamiento, además de detener a un carabinero que, según las indagatorias, colaboraba con la organización a cambio de pagos por entregar información de procedimientos policiales. El funcionario fue dado de baja.
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