La crisis que se vive al interior de la Universidad del Pacífico, cuyo reconocimiento oficial fue revocado en febrero pasado por el Consejo Nacional de Educación (CNE), vive un nuevo episodio ahora que el Ministerio Público decidió abrir una investigación contra el plantel por los delitos de estafa y ocultamiento de bienes.
Un informe financiero realizado por el administrador de cierre de la institución, Roberto Nahum, señala que la casa de estudios debe $118 millones a bancos; $ 1.700 millones a proveedores; $285 millones en remuneraciones a 159 funcionarios; $200 millones en deudas previsionales; $100 millones en honorarios pendientes y $38 millones a campos clínicos.
En tanto, al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería le deben más de $330 millones, y además, entre 2017 y 2018 acumulan 12 juicios civiles por $420 millones en total y 16 juicios laborales por cerca de $ 960 millones.
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Frente este escenario, Nahum presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente por los delitos de estafa, apropiación indebida y asociación ilícita, que adjuntó con dicho documento. “Existen numerosos antecedentes previos plasmados en resoluciones de organismos públicos (de) que, al menos desde 2014, la Universidad del Pacífico funcionaba en el marco de una precaria situación económica”, señaló.
El caso ahora está en manos del fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quien el 14 de abril envió una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI, y les dio un plazo de dos meses para que remitan un informe.
Por otra parte, Nahum cuestionó los arriendos que la universidad paga a la fundación de la familia Ortúzar, controladora del plantel, que señaló que “resultan ser de una cuantía notoriamente elevada en relación a los parámetros corrientes del mercado y ellos explicarían, en parte, el mal estado financiero de la institución“.
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A eso se suma “el pago de altísimas remuneraciones a miembros de la familia Ortúzar, las que (…) habrían contemplado en algunos casos indemnizaciones a todo evento por años de servicio”.
Además, dice, “llama poderosamente la atención en cuanto a su razonabilidad y conveniencia” que en 2015 se comprara el edificio en el que funcionaba la universidad por $ 9.792 millones, doblando el precio que pagó siete años antes la Fundación Julio Ortúzar. “En 2017, la universidad nuevamente se desprendió de este edificio, vendiéndolo en $ 8.796 millones, es decir, en mil millones menos que la cantidad pagada dos años antes”.
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