El Ministerio Público le pidió a la justicia levantar el secreto bancario de la diputada Catalina Pérez, del exseremi Carlos Contreras y de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva y expareja de la parlamentaria, en el marco de la investigación por el denominado Caso Convenios.
Los detalles
Según La Tercera, el fiscal Cristián Aguilar le envió un oficio reservado al tribunal en agosto pasado haciendo la solicitud, indicando que las diligencias se refieren a “posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco” que se habrían cometido en 2022, con la celebración de los contratos “entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y las fundaciones Democracia Viva, Urbanismo Social, Procultura, Tomarte y Educación arte y Cultura Movimiento FIBRA”.
La suma de estos convenios oscila entre los $400 y 577 millones por cada uno, e “igualmente” consideran los pactos firmados “entre los gobiernos regionales de Antofagasta y de Talca, y las fundaciones Procultura y Urbanismo Social, respectivamente”.
En concreto, la Fiscalía pidió “en el caso de las transferencias a Democracia Viva, a participación en los delitos antes enunciados que pudieron haber tenido” los tres acusados, “atendido a que entre aquellos existían vínculos de amistad, sentimentales, de cierta dependencia y subordinación en algún momento y de pertenencia al partido político Revolución Democrática”.
“Resulta indispensable para reunir antecedentes que permitan acreditar los delitos investigados”, argumentó el persecutor.
Además, se indicó que la diputada Pérez tiene cuatro cuentas corrientes en los bancos: BancoEstado, Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco Scotia. También, se detalla que Contreras registra dos cuentas y Andrade una.
La entidad persecutora pide que el levantamiento del secreto bancario considere el periodo entre el 1 de enero y agosto de 2022.
“Esta diligencia sin previa comunicación de los afectados y que, asimismo, que esta solicitud y su proveído no sean subidas a la página web del Poder Judicial, ya que su conocimiento pone en riesgo su éxito y ello resulta indispensable para el mismo y la integridad de los funcionarios encargados de la investigación”, sentenció.
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