El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, presuntamente habría adquirido un vehículo que costó cerca de $32 millones, por medio de Diego Barba, quien habría realizado el pago a la automotora. Cabe destacar que Barba en ese entonces era dueño de una empresa de seguridad contratada por el municipio.
En concreto, según la información publicada por Ciper en agosto de 2021, la autoridad comunal llegó hasta la sucursal Anfruns Motos ubicada en la Región de O’Higgins, en compañía con el empresario Barba. Esto se dio bajo un contexto de días previos asumir sus labores en la alcaldía.
El documento que respaldó la venta constató que el precio del auto fue de $32.686.000, Barba realizó giró dos cheques: uno de $20 millones y otro de $686 mil, mientras que el resto se pactó en cuotas que también costeo el representante de Bod Seguridad.
La empresa mencionada anteriormente, entre el 2021 y 2023 habría facturado $130 millones a la municipalidad de Rancagua. No obstante, la información en Trasparencia Activa no está completamente actualizada, y, por otro lado, fuentes ligadas a la causa indican que el monto sería cercano a los $280 millones.
Otro detalle relevante es que el Mazda que pretendía adquirir Godoy no era de una persona desconocida, sino que era del exalcalde Raúl Torrealba, quien en ese momento ya estaba siendo investigado por su gestión en la Municipalidad de Vitacura.
Según la declaración del jefe de ventas de Anfruns, la transacción fue “bastante extraña”, ya que el automóvil no figuraba como parte del stock de la automotora. Luego, de haber concretado la venta, se percató de quien vendía realmente el Mazda, era Torrealba.
A esto se suma que el Ministerio Público corroboró que el 17 de abril de 2023, el jefe municipal revendió el Mazda CX9 a la misma automotora Anfruns Motors. Esta empresa pagó casi $27 millones.
A través de un video, el jefe municipal de Rancagua respondió que respecto a las acusaciones que han circulado, las calificó como “falsas” y acusó que forman parte de una “campaña política mal intencionada”.
“No voy a tolerar estos ataques y estoy tomando las acciones legales para defender nuestra integridad y la dignidad de nuestro municipio”, precisó.
El presunto cobro de un diezmo a los empresarios
En la región, según varias declaraciones, los empresarios lo conocen por pedir el 10% de lo que la municipalidad les compra en servicios o insumos. Así lo relató Óscar Martínez: “En nuestro círculo cercano le llamábamos ‘el pastorcito’”, debido a que supuestamente cobraba un “diezmo”.
Martínez y Demetrio Paiva son empresarios gastronómicos de la zona, y declararon que le habrían entregado a Juan Ramón Godoy una suma de dinero en efectivo que no habría sido registrado en el Servicio Electoral (Servel). Paiva concluyó: “A todos los conocidos les pedía el 10% de todos los trabajos en las licitaciones y tratos directos“.
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