En medio de la crisis de seguridad, Chile fue la sede de una nueva asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
La agrupación está enfocada en la colaboración internacional para combatir el crimen organizado y desde 1954 trabaja para afianzar a la cooperación de las 22 fiscalías que forman parte de la entidad.
En la reunión de 2024, se destacó la importancia de abordar el crimen organizado, que durante el último tiempo se ha estado expandiendo por el continente.
Durante el encuentro, el fiscal nacional, Ángel Valencia, subrayó la importancia de la cooperación internacional para intercambiar información y estrategias.
El evento también sirvió como plataforma para estrechar lazos con Venezuela, especialmente en lo que respecta a la obtención rápida de información para facilitar investigaciones transfronterizas.
“Hay indicios de que (en Chile) están Los Chotas, Los espartanos y al mismo tiempo el Tren de Aragua (…) son dos agrupaciones criminales del pacífico colombiano que han venido ingresando a algunos lugares de Chile. Hay una preocupación en Antofagasta”, indicó Francisco Barbosa, fiscal general de Colombia.
Aunque el fiscal general de Venezuela no pudo asistir a este encuentro, sí lo hizo una delegación.
“Teníamos muchas expectativas de poder conversar con el jefe de la delegación de Venezuela, O sea, es importante tener presente que tuvimos una conversación muy provechosa y muy positiva“, sostuvo Valencia.
Además, el foco de la reunión estuvo puesto en el complejo escenario que enfrentan otros países, como Ecuador, que hace menos de un mes enfrentó una crisis de inseguridad sin precedente.
En ese mismo período se reveló el denominado Caso Metástasis y las redes en que el crimen organizado ha tenido sobre sus instituciones.
Por eso, los fiscales presentes destacaron la importancia de no solo perseguir a las bandas, sino también de desarticular su patrimonio, haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque integral que combine la persecución criminal con la incautación de activos.
“Si se persiguen las que los criminales y no se les persiguen, sus bienes o sus activos, vamos a tener un problema porque, efectivamente, la legislación penal no va a ser suficiente. Entonces yo creo que es necesario combinar esa doble visión”, expresó el fiscal de Colombia.
En el contexto de la creciente complejidad del crimen organizado, los fiscales abogaron por un trabajo colaborativo no solo entre los ministerios públicos de América Latina, sino también con la participación de España y Portugal.
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