El fiscal regional coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Héctor Barros comentó que el alza en la violencia por el crimen organizado “era lógico que se produjera”, ya que “hubo un desplazamiento muy repentino de la inmigración ilegal” en Chile.
En entrevista con Radio Pauta, el persecutor se refirió al descubrimiento de una segunda “casa de la tortura” en Maipú, inmueble vinculado al Tren de Aragua, donde se retenía, torturaba y asesinaba a personas secuestradas.
Respecto a la crisis de seguridad, Barros afirmó que el crimen organizado es una amenaza “bastante concreta y real”. En ese sentido, indicó que, como sociedad, “siempre miramos desde nuestra realidad a países centroamericanos en su momento, y nunca pensamos que eso pudiera ocurrir en nuestro país”.
También, dijo que sobre estos fenómenos, “era lógico que se produjeran en nuestro país y que nos tengan en la situación que hoy nos tienen, todo a vez que hubo un desplazamiento muy repentino y grande de la inmigración ilegal”.
El fiscal Barros además sostuvo que hemos estado constantemente diciendo que toda esta violencia que se ha registrado en el país se debe a la inmigración, “pero nosotros, los chilenos, también tenemos una responsabilidad porque somos los que propiciamos las condiciones de los mercados para que se instalen aquí”.
Ese sentido, el persecutor comentó que todas estas organizaciones lo que buscan es dinero, y “si nosotros no le diéramos las condiciones necesarias, no estarían instaladas acá. Aquí hay mercados ilegales de celulares que los proveen, por ejemplo motochorros en Providencia, que terminan siendo vendidos a personas chilenas y ese dinero van a financiar a estas organizaciones”.
“Por eso nosotros hemos insistido que si usted compra celulares robados o droga, también tiene las manos manchadas con sangre”, expresó.
Casas de la tortura en Maipú
Tras el descubrimiento de dos “casas de la tortura” en Maipú, el fiscal Héctor Barros explicó que lo que está ocurriendo en esta situación es “una disputa por un mercado que es la venta de ketamina, y de acuerdo a los antecedentes investigativos, lo que buscan las organizaciones venezolanas es que se fije un precio igualitario entre venezolanos y colombianos”.
“Los secuestros y posteriores ejecuciones cuando no se pagan los rescates. Esa es la dinámica que está debajo, los fenómenos que están detrás de lo que estamos viendo”, indicó.
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