Diversas agrupaciones y profesionales de la salud proponen que en Chile exista acceso universal a métodos anticonceptivos reversibles de larga duración (LARCs, por sus siglas en inglés) como los dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes subdérmicos para fortalecer y garantizar los derechos de las personas gestantes.
Entre las organizaciones que solicitan que los LARCs estén contemplados en la Ley de Presupuesto 2024 se encuentran la Asociación Ginecólogas Chile, la Fundación Niñas Valientes, la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y de la Adolescencia (SOGIA), y profesionales de la salud independientes.
“Este es un problema de salud pública que no debemos pasar por alto. No podemos esperar más”, señala la doctora Pamela Sanhueza, directora de SOGIA.
El grupo interdisciplinario se ha reunido con varias autoridades, incluidos personeros de los ministerios de la Mujer, Salud y Hacienda, además de parlamentarios de todas las bancadas y de las comisiones de Salud y Mujer del Senado y la Cámara.
“Es el momento de avanzar de manera concreta en materias que afectan de manera directa la vida de las mujeres. Por eso, nuestro llamado es a considerar medidas como la entrega universal de anticonceptivos de larga duración, para así seguir avanzando en fortalecer la equidad y garantizar nuestros derechos”, argumenta Carla Ljubetic, directora ejecutiva de Niñas Valientes.
La ginecóloga pediátrica, especialista en maternidad y salud reproductiva, Andrea Van Hoveling, sostiene que “las experiencias internacionales que han tomado como política aumentar su uso, han disminuido efectivamente las tasas de embarazo no planificado de manera mucho más clara que con otras medidas”.
Un tema de costos
Agrupaciones y profesionales de la salud han trabajado desde hace meses en una propuesta que espera convencer al Gobierno, Fonasa, Isapres y parlamentarios, de incluir en el sistema de salud un modelo universal, o al menos de financiamiento compartido, en la adquisición de los LARCs. Hoy, Chile cuenta con un método parcial, donde la entrega es gratuita en la atención primaria de salud, pero que puede ser de difícil acceso por un tema de tiempo y por falta de disponibilidad de stock y también falta de horas con personal capacitado. En el caso de los y las adolescentes existen múltiples barreras para que puedan acceder a una atención en salud sexual y reproductiva.
La propuesta busca terminar con las barreras económicas y de educación asociadas a estos métodos anticonceptivos: el 75% de las mujeres entre 15 y 45 años prefiere un LARCs, según datos del proyecto CHOICE, estudio internacional que busca reducir las barreras a la anticoncepción reversible de acción prolongada.
“Proponemos un acceso universal en modalidad libre elección de prestador para aquellas pacientes que se atienden con profesionales del sector privado para tener apoyo económico en la compra del método y también en el procedimiento de inserción, en una alianza público/privada”, explicita Pamela Sanhueza, directora de SOGIA. “Asimismo, es fundamental aumentar la disponibilidad real para quienes ya tienen acceso gratuito a los LARCs”, agrega la doctora Andrea Von Hoveling.
Según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en conjunto con INE, el Estado gasta US$ 20 millones al año en la atención de embarazos adolescentes, suma que no se compara con los US$ 148 millones que se ahorraría al año el sistema de salud en embarazos no planificados, si es que Chile adoptara una política inclusiva y equitativa de salud sexual y reproductiva, y en el fortalecimiento de los servicios de salud femenina preventiva, afirman los impulsores de este proyecto.
Cifras en Chile
La última Encuesta Nacional de Juventudes (2015-2022) evidenció que cerca del 20% de los jóvenes en el país ha vivido un embarazo no planificado. Es más, cada día, 48 niñas y adolescentes dan a luz en el país. Según datos internacionales, más del 40% de estos se debe al uso incorrecto o irregular de anticonceptivos. “Esta cifra nos muestra que el embarazo adolescente no planificado es una realidad y debemos avanzar en acciones específicas para disminuirla”, afirma Ljubetic, de Fundación Niñas Valientes.
Según la Consulta Ciudadana de Educación Sexual realizada este año por la Fundación Niñas Valientes, en Chile, solo el 11% de los jóvenes declara haber usado un método anticonceptivo de larga duración. “Es importante preguntarse también por las barreras existentes para el acceso, por ejemplo, la falta de educación en sexualidad y afectividad, las dificultades para su acceso por tiempos de espera o disponibilidad en consultorios y el alto costo que tienen para quienes no se atienden en estos centros”, agrega Ljubetic.
La doctora Andrea Von Hoveling, integrante de la Agrupación Ginecólogas Chile, SOCHOG y SOGIA, recalca que no hay que olvidar a las personas que costean sus anticonceptivos, como las afiliadas de Isapre y usuarias de Fonasa que deciden atenderse en forma privada. “El costo del anticonceptivo no puede ser privativo”, recalca.
“Si existiera algún grado de subvención a los LARCs, que son inicialmente más caros, pero en el mediano y largo plazo, más efectivos y menos costosos, sin duda, tendríamos mejores cifras en cuanto a embarazos no deseados. Esto sería especialmente notorio en adolescentes, dado que en este grupo etario todos los anticonceptivos tienen mayor tasa de falla, menos los anticonceptivos de larga duración”, aclara Von Hoveling.
Experiencia internacional
Según el informe Contraception Policy Atlas 2023, Chile alcanza un 78,3% en su política de acceso a métodos anticonceptivos, por debajo de México y Argentina (91,4 y 83,2%, respectivamente). La cifra es alta considerando que el país tiene un financiamiento parcial. Por el contrario, países como EE.UU., Inglaterra y Bélgica cuentan con un sistema universal de acceso a los LARCs que incluye un reembolso total tras su compra.
El uso de LARCs permitirá que seis países de Centroamérica y el Caribe eviten cerca de un millón de embarazos, abortos y muertes maternas, infantiles y neonatales durante 2023. Esto, según datos publicados por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
El Proyecto CHOICE mostró que la probabilidad de embarazo no deseado es 20 veces menor en usuarias de implante y DIU en comparación con usuarias de pastillas, parches y anillos.
En Finlandia, por ejemplo, en la ciudad de Vantaa, todas las mujeres desde 2013 tienen derecho a un método LARCs de forma gratuita. Un estudio evaluó su impacto y reveló que la tasa de aborto disminuyó un 36% entre las personas de 15 a 19 años.
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