Este jueves inició el juicio contra el exseremi del Trabajo, Javier Ruiz, en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, por la acusación de tráfico ilícito de drogas.
Durante un operativo policial realizado en enero de 2022, Carabineros allanó la vivienda de Ruiz e incautó 21 plantas de marihuana en su domicilio, también se hallaron dos carpas con un sistema de cultivo indoor; la primera contenía seis plantas de cannabis sativa y la otra 12, además de un contenedor con marihuana.
“El 13 de enero de 2022, a eso de las 18:55 horas, personal de la Sección OS7 de Carabineros de Punta Arenas, en virtud de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local, encontrándose en las cercanías del domicilio ubicado en calle Aurelio Villanueva, observan que sale del lugar el imputado”, sostiene la acusación según consignó El Pinguino.
El documento agrega que “en ese instante, personal de Carabineros se acerca dándole a conocer de la existencia de una orden de investigar en su contra, quien autoriza de manera voluntaria el ingreso a su domicilio. El personal policial se percata que en el inmueble había un sistema acondicionado para el cultivo indoor, hallando 21 plantas de género cannabis sativa en proceso de cultivo y crecimiento. Asimismo, en el baño, se encontraron colgados con nylon, trozos de ramas de marihuana elaborada en proceso de secado”.
¿Qué dijo Javier Ruiz?
En la instancia, la exautoridad aseguró que con la marihuana encontrada solo “pretendía hacer aceite”, pero “no alcancé a hacerlo porque fue incautado todo“.
“Tengo una relación con la cannabis desde la juventud, de consumo, y recientemente, los últimos años, de información, para saber de qué se trata, cuáles son sus propiedades, cómo se puede cultivar, me he informado bastante sobre eso y me significó armar un sistema más o menos eficiente para tener plantas adecuadas, para tener flores que me pudieran servir. Fui adquiriendo de a poco los artículos y con base en la información disponible armé un sistema”, agregó.
Durante su defensa, el imputado también descartó haber comercializado la droga; sin embargo, el fiscal Manuel Soto presentó audios y fotos, extraídas desde su teléfono, de alucinógenos y LSD que apuntaban lo contrario.
Asimismo, el persecutor demostró pruebas que hacían referencias un joven, quien sería presuntamente el encargado de distribuir comercialmente los estupefacientes.
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