Esta noche, el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, criticó las rebajas de condena por delitos sexuales contra menores concedidas por el actual mandato y explicó que hubo un cambio de criterio respecto al gobierno de Gabriel Boric.
Cabe recordar que durante esta mañana, el medio Interferencia detalló que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos que concedieron los siguientes beneficios: 27 a condenados por abuso sexual de menores y otros 29 por violación.
Gajardo apuntó que la actual administración concedió las rebajas directamente, aplicando el criterio de sentencias anteriores, señalando que “es una discusión jurídica, y además incluso el criterio de la Suprema puede cambiar”.
Esta mañana, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la interpretación mayoritaria y reiterada de la Corte Suprema impide aplicar esa exclusión a delitos cometidos antes del 9 de febrero de 2022. Según el ministerio, si se cumplen los demás requisitos, corresponde conceder la rebaja.
Por ello, el exministro explicó que durante su administración defendía otra interpretación, la que consideraba que la reforma regulaba beneficios penitenciarios de carácter administrativo y procesal, por lo que debía aplicarse desde su entrada en vigencia.
El ministro Rabat explicó que la cartera aplicó criterios establecidos por la Corte Suprema en decenas de recursos de amparo relacionados con estas solicitudes. Desde el Ministerio señalaron que seguir dicha jurisprudencia permite evitar que los solicitantes deban recurrir nuevamente a los tribunales para obtener beneficios que, según la interpretación de la cartera, les corresponden legalmente, lo que también impediría retrasos en su tramitación.
Gajardo rechazó ese argumento y sostuvo que el Ministerio debía mantener los rechazos y defenderlos ante los tribunales, ya que la jurisprudencia puede cambiar. “Las sentencias de la Corte cambian. O sea, la jurisprudencia en Chile no es un precedente”, afirmó, agregando que “así como un día acogen los amparos, al día siguiente te los pueden rechazar“.
“Ellos están asumiendo el alegato de los defensores de los violadores de niños… Entonces, es como el mundo al revés”, comentó.
Según Gajardo, tanto en el gobierno de Sebastián Piñera y en el de Boric aplicaron la exclusión. “Nosotros teníamos un criterio que era muy estricto. La ley se aprobó desde el 2022 y desde el 2022 nosotros rechazábamos. Si alguien quería recurrir, bueno, que lo resolviera la Corte, pero nuestro criterio era rechazar”, manifestó.
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