El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, respondió durante el mediodía a las críticas por la apelación del Gobierno a la Corte Suprema (CS) luego de la decisión tomada en el Juzgado de Garantía de Arica por el juez a cargo del caso Los Gallegos de entregar antecedentes de testigos a la Defensoría Pública.
¿Qué dijo?
El titular de la Segpres asistió al Te Deum Evangélico realizado en la comuna de Puente Alto, ahí fue consultado por su opinión sobre las críticas de “intromisión” que la Asociación de Magistrados hizo en contra del Ejecutivo en el caso del brazo operativo del Tren de Aragua en Chile.
Elizalde defendió la posición del Gobierno y expresó que la decisión que tomó el magistrado es “muy compleja“, puesto que podría poner en riesgo la integridad e “incluso las vidas” de testigos y agentes que hayan actuado en identidad reservada que “han ayudado a que estos hechos se esclarezcan”.
“El gobierno -el presidente de la República- lo que ha hecho es usar un instrumento que está consagrado en la Constitución (…), quien utiliza mecanismos que establece nuestra institucionalidad no puede ser calificado de esa forma”, señaló.
La devolución
El viernes pasado el Juzgado de Garantía de Arica resolvió ordenar a la Defensoría Penal Pública la devolución inmediata de los antecedentes de los testigos protegidos con identidad reservada de la investigación.
Esta medida se tomó luego de que la Corte de Apelaciones local acogiera la orden de no innovar ingresada por la Fiscalía de Arica contra el propio Juzgado de Garantía, que había accedido a la solicitud de la defensa de los acusados y que pidió conocer la identidad de los más de 50 testigos protegidos que declararon contra la banda.
Fue el propio Ministerio Público el que informó que la defensa de los acusados había accedido a “algunos sobres” que contenían antecedentes de los testigos protegidos.
Respecto a lo mismo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, anunció durante la mañana de este viernes que “por instrucción del presidente de la República, hemos remitido a la CS los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez en este caso, que en opinión del Gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometerse a conducta ministerial”.
“De este modo, el pleno de la CS podrá adoptar las medidas que ellos estimen pertinentes (…). Es posible que se hubiese dado incumplimientos a deberes funcionarios” agregó Cordero.
El ministro detalló que la Corte puede ordenar un amplio abanico de medidas al respecto, desde la instrucción de un procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas.
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