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El 11 de abril de 2016 marcó un antes y un después para el Servicio Nacional de Menores (Sename). Ese día el país se estremeció: en el CREAD Galvarino, Lissette Villa, de tan solo 11 años, murió.

El informe del Servicio Médico Legal fue lapidario: “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa“. Este episodio abrió la puerta para conocer una realidad, lo que a los ojos de todos era evidente, pero nadie quería reconocer.

1.313 es el número de niños, niñas, adolescentes e incluso adultos, que en el plazo de una década murieron dentro de la red del Sename. Esta cifra refleja el descuido de un sistema que debiera dar protección a los menores vulnerables.

El 3 de octubre de 2016, la ex directora del Sename Solange Huerta, declaró: “la muerte de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información”.

Para esta historia, hay que remontarse al 4 de mayo de 2016. El Diputado René Saffirio solicitó, via oficio al Director Nacional del Sename en ese momento, Hugo Herrera, y a la Ministra de Justicia, Javiera Blanco que entregaran el número de Niños, Niñas y Adolescentes fallecidos, entre el 1 de enero de 2005 al 4 de mayo de 2016, en centros pertenecientes al Sename, y en instituciones privadas financiadas por el Estado.

En ningún país del mundo pueden pasar desapercibidos 300 niños, niñas o adolescentes fallecidos“, señaló el diputado, quien recibió esta cifra mediante correos y mensajes de WhatsApp, datos que en un principio le parecieron algo “difícil de creer”.

El 4 de julio de 2016, el entonces Director Nacional del Servicio, Hugo Herrera, respondió a la solicitud de Saffirio.

CNN Chile obtuvo, en exclusiva, el oficio número 1670. En este se revela que, en ese momento, el número de niños, niñas y adolescentes muertos en 10 años que entregó la dirección nacional del Servicio, fue de 449. La cifra incluía a mayores de 18 años y a aquellos menores provenientes de la justicia juvenil.

Esta respuesta fue enviada, con copia al Ministerio de Justicia, a la misma Dirección Nacional, y a la Cámara de Diputados. El equipo de Marca Registrada intentó ponerse en contacto con Hugo Herrera, pero declinó entregar declaraciones para este reportaje.

Sin embargo, tres días después, en el Ministerio de Justicia, se realizaría una reunión clave. La ministra Javiera Blanco solicitó a Hugo Herrera, que asistiera a su oficina, para responder el oficio solicitado por el diputado Saffirio.

Terminada esa reunión, la respuesta ya no eran las 449 personas fallecidas, sino que 185 niños, niñas y adolescentes muertos.

“Todo el esfuerzo que hizo la ministra Blanco, en algo que desde mi punto de vista es aberrante, fue ocultar, faltar a la verdad, distorsionar información, que fue lo que me llevó a tomar la decisión de acusarla constitucionalmente”, dijo el diputado Saffirio.

El Director Nacional del Sename elaboró un segundo informe. En el oficio 1699, fueron retirados de la estadística los adultos fallecidos al interior de los recintos. Y no solo eso, también los niños, niñas, y adolescentes provenientes de la justicia juvenil.

La Cámara de Diputados fue oficiada señalando que debía remitirse a este nuevo oficio, el cual no fue firmado por la Ministra Javiera Blanco, sino por el Subsecretario Ignacio Suárez.

Si bien, en una primera instancia, la última directora del Sename, durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Solange Huerta, entregó un desglose de la cifra de niños, niñas, adolescentes, adultos, e incluso adultos mayores pertenecientes al sistema, esta dio como resultado 1.292 personas fallecidas. Tras ser solicitada la información por el Ministerio Público, el Servicio actualizó la estadística y lo informado fueron el conocido número de 1.313 muertos en la red del Sename.

“No me engañaron a mí, engañaron al Congreso Nacional”, señaló el diputado René Saffirio.

Ex funcionarios del Servicio Nacional de Menores confirmaron a CNN Chile la autenticidad de estos documentos, pese a que optaron por no revelar sus identidades.

En tanto, consultado el Ministerio Público sobre el conocimiento de estos documentos, confirmaron que estos se encuentran dentro de la carpeta de la investigatición que lidera el fiscal Marcos Emilfork, aunque descartaron referirse a si es posible perseguir penalmente por este hecho a determinadas personas.

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