La Corte Suprema ya ordenó pagar 55 millones de pesos a la familia de una de las víctimas.
El abogado querellante de algunas de las víctimas del 27-F, Raúl Meza, expresó que el dictamen de la Corte Suprema, el cual recordemos indemnizó a la familia de uno de los fallecidos tras el terremoto y tsunami, marca un precedente en materia jurídica. El representante indicó que el Estado deberá indemnizar a los demás involucrados en la tragedia
La resolución del máximo tribunal del páis, que ordenó al Estado pagar una indemnización de 55 millones de pesos a la familia de Mario Ovando Garcés, -quien falleció producto de las lesiones provocadas por el tsunami del 27 de febrero de 2010-, sigue generando reacciones.
Uno de los abogados querellantes del denominado caso 27 F dijo que la decisión de la Corte Suprema debe llevar a que el Estado responda tambioén por los otros perjuicios cometidos.
Las palabras de Meza apuntan a la responsabilidad que habría tenido el ex intendente de la región del Biobío Jaime Tohá, quien recomendó a las personas quedarse en sus casas luego del terremoto.
Recordemos que en una entrevista dada apenas un mes después de la tragedia, el ex intendente aseguró que la información le había sido confirmada por personal de la Armada.
Asimismo, el abogado Raúl Meza planteó que el nuevo Gobierno debe constituir una instancia de negociación para solucionar cada uno de los casos.
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