Luego de ocho años, Jorge Bermúdez culminó su periodo constitucional como contralor general de la República; con ello, Dorothy Pérez asumió como contralor subrogante.
Su primera medida fue pedir la renuncia del jefe de gabinete, Tomás Mackenney. Posteriormente, dictó dos resoluciones en las que reestructura por completo el funcionamiento del organismo.
Una de ellas cuestiona la gran cantidad de funcionarios que existían en la jefatura de gabinete de Bermúdez, por lo que decidió pasar de nueve unidades a solo tres, argumentando el mantenimiento del control de los recursos públicos.
A través de un documento firmado por la misma abogada, explicó que esta decisión se fundamentó en: “ha llegado a contar con una dotación funcional de 133 personas, que representan un 6,09% de la dotación total de la institución, por lo que dicho equipo se advierte sobredimensionado, tanto en su estructura como en su composición, ya que además cuenta con 9 unidades y 10 jefaturas“.
A pesar de parecer drástica, Pérez explicó que el personal se reubicará en labores en regiones o en la nueva división creada esta mañana: División de Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Esta última busca adaptar la fiscalización a los actos de corrupción de los gobiernos locales y regionales que tanto han impactado a la opinión pública, como lo que ocurre en la investigación del Caso Convenios.
“Conforme a la presente resolución, sus unidades se reducirán de 9 a 3 y se disminuirá su dotación, destinando parte de ella a realizar labores directas de fiscalización, jurídicas o de control de personal, ya sea en las Contralorías Regionales, en la nueva División de Gobiernos Regionales y Municipalidades o en otros equipos de línea”, explicó.
Otra de las medidas que tomó Pérez en su primer día fue reducir la Secretaría General, dependencia encargada de la administración de los recursos materiales y financieros de la institución, además de la gestión de personas.
Esto bajo la misma consigna anterior de reducir la cantidad de personas dentro de la administración, la cual en el último tiempo aumentó significativamente, pasando de contar con 31 funcionarios para una dotación funcional de 231 personas, lo que representa un “10,58 % de la dotación total de la institución”, explica el documento.
En tanto, la Secretaría General pasó a llamarse División de Administración Interna y Abastecimiento.
Cabe destacar que Pérez estará a cargo de la Contraloría hasta que el Gobierno proponga a su sucesor. No obstante, el nombre aún no ha logrado ser decidido entre el Ejecutivo y el Senado, órgano que debe aprobar al candidato propuesto.
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