Agencia Uno

La contralora (s) Dorothy Pérez compareció este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga eventuales irregularidades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el marco del denominado Caso Audio o Hermosilla.

En la instancia, Pérez negó que existiera una presunta relación con los abogados vinculados al Caso Audio, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, afirmando no haber tenido contacto ni reuniones con ellos.

“No conozco al señor Hermosilla, nunca he hablado con él, nunca me he reunido con él, nunca he tenido ninguna conversación de ningún tipo, ni profesional, ni por escrito tampoco, ni en la Contraloría, ni fuera de la Contraloría”, dijo.

Sin embargo, precisó que en el caso de Villalobos “tampoco es que yo tenga una relación de ningún tipo con ella, lo que sucede es que su marido, que es un exfuncionario del Ministerio de Educación, donde yo trabajé durante casi dos años, en el año 2014, me invitó a una actividad a su domicilio”.

Detalló, además, que la reunión fue una “tertulia” con 10 personas,”todas exfuncionarios, no autoridades, y tampoco personas que tuvieran alguna relación con la Contraloría”.

En ese sentido, la contralora (s) señaló que las especulaciones sobre estas supuestas relaciones son un error que no solo afecta a las personas involucradas, sino también a las instituciones.

Fiscalizaciones y pago de horas extras

Durante su intervención, Pérez proporcionó detalles sobre una serie de fiscalizaciones, destacando una auditoría relacionada con el pago de horas extras en la Dirección Regional de Santiago Oriente del SII entre enero de 2018 y junio de 2019.

En este sentido, la contralora (s) reveló que se detectaron pagos de horas extras por un total de $174.034.085 sin acreditar, así como otros montos parcialmente acreditados y objetados por falta de sustento en los registros de asistencia, consignó Radio Biobío.

Además, Pérez informó sobre 24 casos de Reposición Administrativa Voluntaria (RAV) y Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF) entre 2015 y 2018 que no presentaban el giro asociado al RUT del contribuyente correspondiente.

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