Los diputados del actual oficialismo Juan Antonio Coloma (UDI), Camila Flores (RN) y Francisco Undurraga (Evópoli) anunciaron que acudirán ante el Tribunal Constitucional (TC) por supuestos vicios en el contenido del proyecto de ley de amnistía a los presos del estallido social.
La idea de los parlamentarios es recurrir al TC mientras se tramita y así frenar su avance. Respecto a la presunta inconstitucionalidad del proyecto, los parlamentarios plantearon cuatro argumentos: infracción de las ideas matrices del proyecto al reemplazar el indulto por una amnistía e incorporar dentro del proyecto normas sobre responsabilidad civil y reparación a víctimas; intromisión en las atribuciones exclusivas del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia; infracción del deber del Estado de dar protección a la población y a la familia; y discriminación arbitraria en el otorgamiento del beneficio.
Estos argumentos fueron plasmados en un informe elaborado en conjunto con la Fundación Jaime Guzmán. La diputada Flores dijo a El Mercurio que “recurriremos al TC porque el proyecto de indulto, ahora amnistía, es evidentemente inconstitucional, porque en nuestro país, al menos, aún existe separación de poderes del Estado y este proyecto interviene en el Poder Judicial, además de ser claramente discriminatorio, porque se otorgaría este beneficio a un grupo importante de personas simplemente por tener una determinada ideología política, cosa que no podemos tolerar”.
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“La impunidad no se puede instalar en Chile. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que en Chile delinquir no sea gratis”, agregó.
Asimismo, Undurraga dijo que “no resulta jurídicamente plausible que la izquierda legisle a la medida de los que delinquieron. El proyecto ha mutado para los efectos de lograr su aprobación, pero sin ningún rigor jurídico. (…) El presidente Boric que asuma su responsabilidad y si lo estima bien, que indulte a quien quiera y asuma su responsabilidad política. Este proyecto no pasa en la Cámara o no pasa en el TC”.
Finalmente, Coloma precisó que el proyecto “es un arlequín jurídico de la izquierda”. “Nosotros no nos vamos a prestar para solucionar un problema político al futuro Gobierno, más aún cuando lo que se pretende es dejar en libertad a los delincuentes que destruyeron los principales centros urbanos”.
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