La Comisión de Ética rechazó por unanimidad la reposición que presentó la diputada de Revolución Democrática (RD) Maite Orsini para revocar la sanción que dictó la instancia en su contra por el “telefonazo” que le hizo a Carabineros.
La medida fue denegada incluso por los diputados Mercedes Bulnes (IND-Frente Amplio) y Matías Ramírez (PC), consignó La Tercera.
El caso
En abril, la diputada oficialista fue sancionada por incumplimiento de deberes parlamentarios tras el llamado telefónico que le hizo a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, ante un procedimiento que involucró al exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia.
La legisladora había sido acusada por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri, Juan Fuenzalida, Cristhian Moreira, Gustavo Benavente, Daniel Lilayu, Cristian Labbé y Joaquín Lavín de “eventual tráfico de influencias”, luego del contacto que tuvo con la generala después del contacto que Valdivia le hizo el 25 de enero desde Chile, cuando ella se encontraba en La Habana (Cuba) para participar en el congreso Nuevo Orden Economía Internacional.
El exfutbolista le dijo a Orsini que personal de la Trigésima Séptima Comisaría de Carabineros lo controló cuando estaba trotando en un parque de Vitacura, y, al no portar su cédula de identidad, se generó una discusión que finalmente terminó con su detención y siendo esposado por la autoridad.
Valdivia también acusó una serie de irregularidades en el procedimiento al interior del cuartel policial.
La parlamentaria sostuvo que lo que le comentó no se ajustaba a derecho y luego de conversar con el ídolo de Colo Colo, decidió llamar a Soza para exponerle el caso.
Fue así que la comisión resolvió en abril amonestar a la diputada con una multa del 5% de su dieta parlamentaria, es decir, cerca de $270.000, y un “llamado al orden“.
Orsini había acusado filtración
La comisión sostuvo en su segundo veredicto que “la diputada dedujo un recurso de reposición en contra de la señalada resolución (la que aplicó la multa y la sanción ética), el cual fundamentó en la ocurrencia de una filtración a la prensa de un presunto acuerdo alcanzado antes de la existencia del fallo material y de la notificación de este a las partes intervinientes al proceso”.
En ese sentido, el organismo sostuvo que Orsini considera “que esta situación, además de generar una vulneración a su derecho a la intimidad y a la vida privada, vulnera garantías del debido proceso, por lo cual solicita la anulación del fallo, pues considera que este se encontraría viciado”.
No obstante, el organismo dijo que “la mentada filtración que se acusa, de acuerdo a los antecedentes aportados, habría ocurrido con posterioridad a la toma de esa decisión -en el tiempo que media entre el debate y resolución y la redacción del fallo- razón por la cual no es posible que haya viciado de forma alguna el proceso de toma de decisión de la comisión”.
Pese a ello, la comisión invitó a Orsini a presentar los antecedentes de la filtración que acusó.
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