“Es un retroceso”: Defensoría de la Niñez cuestiona la rebaja de 56 condenas por delitos sexuales a menores

La Defensoría de la Niñez manifestó este miércoles su rechazo por la rebaja de penas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad otorgada por el Gobierno.

A través de un comunicado, el organismo informó que solicitará al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los antecedentes que se tomaron en consideración para “modificar el criterio histórico de la cartera, el cual denegaba la concesión de beneficios frente a estos delitos”.

La entidad liderada por el defensor de la niñez, Anuar Quesille, remarcó que “uno de los aspectos que requiere especial atención es que, desde febrero de 2022, la ley consagra expresamente la exclusión de beneficios en casos de determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes”.

Por ello, enfatizaron que “resulta indispensable que el Ministerio de Justicia aclare por qué se concedieron estas rebajas y qué medidas se están adoptando para la debida protección de las víctimas”.

Asimismo, señalaron que, pese a la existencia de “controversias jurídicas respecto de los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.421 (que legítimamente pueden ser dirimidas ante los tribunales de justicia), la aplicación de un estándar general que otorga beneficios implica una inobservancia de derechos de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de una de las peores formas de violencia”.

Quesille recalcó que “estos antecedentes son preocupantes” y reiteró que la cartera debe entregar una explicación clara sobre lo ocurrido.

“Detrás de estas condenas hay víctimas que tienen derecho a la justicia, a la protección y a la reparación. El Estado tiene un deber reforzado de resguardar esos derechos y debe actuar con especial rigurosidad cuando adopta decisiones que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de libertad de quienes fueron condenados por estos graves delitos. La protección de las víctimas debe estar en el centro de las decisiones del Estado”, agregaron.

El defensor aseguró que la “decisión de otorgar beneficios como estos representa un retroceso para la protección efectiva de la niñez“, considerando que diversas administraciones han avanzado en materia de protección contra la violencia sexual hacia menores de edad.

“El organismo continuará realizando el seguimiento de esta situación y, a partir de los antecedentes recabados, evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones legales”, cerró.