El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ha sido formalizado por varios delitos en relación con el caso de las Farmacias Populares, ha presentado una apelación contra la prisión preventiva que se le impuso, buscando que esta sea reemplazada por medidas menos restrictivas como la firma mensual, el arraigo nacional o, en su defecto, el arresto domiciliario.
La defensa de Jadue ha argumentado que la prisión preventiva es “injustificada y desproporcionada”, ya que no cumple con los requisitos legales necesarios.
El abogado defensor del alcalde, Ramón Sepúlveda, ha presentado un escrito ante la Corte de Apelaciones solicitando la revocación de la medida cautelar y su sustitución por alternativas menos severas.
En sus argumentos, Sepúlveda sostiene que la medida cautelar impuesta a su representado es excesiva, ya que, según él, no se justifica adecuadamente para prevenir la reiteración de los delitos relacionados con su cargo.
A su juicio, esta precaución se podría cumplir de manera efectiva con medidas como el arresto domiciliario parcial o total y la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta.
Según la defensa, los antecedentes presentados durante la audiencia de formalización de la investigación no respaldan la existencia de los delitos imputados ni sugieren su participación en los mismos, lo que a su parecer no justifica la medida cautelar decretada.
Además, el defensor argumenta en su escrito de apelación que la prisión preventiva resulta “agraviante para su persona”, dado que considera que no se ajusta a los parámetros legales establecidos y carece de una fundamentación adecuada según el derecho vigente.
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