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Este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una cuenta pública en la comuna de Lo Espejo, destacando los ejes de su trabajo.

En ese contexto, resaltó que en el 2022 se aumentó en un 4,4% el presupuesto de seguridad en comparación con el año anterior, lo cual representa el mayor ajuste realizado en los últimos cinco años.

Entre los ejes de la cuenta pública, destacó que desde noviembre del año pasado hasta febrero de este año se entregaron 647 vehículos a Carabineros. Además, con el presupuesto de este año se adjudicó la compra de 1.054 vehículos, como parte de un plan a cuatro años para alcanzar un total de 4.217 vehículos.

En cuanto a la agenda de seguridad del Gobierno, entregó cifras sobre el Plan Calles sin Violencia, que se implementó a principios de abril en 46 comunas, donde se concentran el 65% de los homicidios. Detallando que se han incautado 127 armas y 49,8 kg de drogas, además de  1.127 detenciones.

Además, en relación al Plan Antiencerronas, la ministra destacó que ha logrado reducir en un 39,3% los casos de encerronas y portonazos. Gracias a este plan, se ha evitado el robo violento de 1.238 vehículos en comparación con el mismo periodo del año 2022.

Macrozona norte

La ministra Tohá también destacó el fortalecimiento de los pasos fronterizos a través del proyecto de infraestructura crítica. Esto ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas en las fronteras, en conjunto con el fortalecimiento del Ministerio Público.

Estos esfuerzos se han reflejado en una disminución del 56% en los ingresos ilegales a través de pasos no habilitados. En comparación con el año pasado, los ingresos ilegales en la comuna de Colchane han disminuido en un 63%.

Además, se han llevado a cabo 31 expulsiones administrativas, y hasta el 15 de mayo se han concretado un total de 143 expulsiones.

Macrozona sur

En la macrozona sur, se han desplegado 32 puntos de control, distribuidos en 12 en Arauco, 17 en La Araucanía y 3 en Los Ríos. Además, se han instalado 7 bases militares.

Por otro lado, se ha registrado una disminución del 31% en los casos de violencia rural, así como una reducción del 38% en los ataques incendiarios. También se ha observado una disminución del 65% en los casos de usurpaciones.

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