Senadores de oposición ingresaron una indicación para reponer la justicia en el proyecto de las RUF, luego que la Cámara declaró inadmisible la idea. El ministro de Justicia cuestionó la iniciativa, manifestando que el diseño de este tipo de tribunales no garantiza independencia ni imparcialidad.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, criticó la indicación que ingresó un grupo de senadores de la oposición para reponer las competencias de la justicia militar en el proyecto de Reglas del uso de la fuerza (RUF).
Luego que la Cámara de Diputadas y Diputados declaró inadmisible la iniciativa impulsada desde sectores de la oposición, un grupo de parlamentarios presentó una moción para buscar que la idea sea nuevamente discutida en el proyecto, pero esta vez en la Cámara Alta.
En concreto, los senadores buscan que los agentes del Estado sean procesados bajo los tribunales de justicia cuando se trate de la aplicación de la fuerza en el contexto de las Reglas del uso de la fuerza.
Senadores Edwards, Chahuán, Gatica y Kusanovic intentarán reponer a través de una indicación la justicia militar en el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza que llegó al Senado @CNNChile pic.twitter.com/5yt6hbOpmz
— Francisca Cárdenas Bravo (@Francardenasb) May 14, 2024
Este jueves, en entrevista con Radio Infinita, se le consultó al ministro de Justicia su opinión sobre los tribunales de justicia y la indicación de ingresada por los senadores.
Al respecto, Luis Cordero fue enfático en afirmar que “la gran crítica” sobre la justicia militar, y de la cual existe consenso, es que este tipo de proceso judicial está diseñado de una forma que no la hace imparcial ni independiente.
“El modelo del juez militar y del fiscal militar, son funcionarios de línea, sujetos a orden de mando”, argumentó. Y, “la única posibilidad donde comienza a aparecer jueces con independencia es en la Corte Marcial, pero en la Corte Marcial está integrada por cinco miembros, de los cuales, tres son los auditores de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y dos jueces de Cortes de Apelaciones. Entonces, tiene un problema de diseño”, añadió.
Bajo ese punto, el ministro recordó el caso que de Palamara Iribarne, indicando que, cuando ocurrió dicho proceso, “la Corte Interamericana no solo se refiere a los civiles, sino que además se refiere a que el diseño institucional es un diseño que no garantiza ni independencia ni imparcialidad. Tanto así que si uno analiza todas las opiniones de los especialistas, todos están de acuerdo que no es una justicia que dé garantía, independencia ni imparcialidad”.
Luis Cordero / ARCHIVO / AGENCIA UNO
Respecto a la indicación presentada desde la oposición, el ministro Cordero fue tajante en sostener que esta “no tiene nada que ver con RUF, y por eso es una discusión bien disruptiva. La propuesta es técnicamente deficiente”.
Además, defendió el actual sistema judicial: “Está construido sobre la base de que el Ministerio Público es quien realiza la investigación, pero es un argumento de parte y, por lo tanto, sujeto a la deliberación de una audiencia pública que tiene todo el régimen de garantías. Tanto así, que el caso de Fuente-Alba es el mejor ejemplo de un exfuncionario militar sujeto a jurisdicciones separadas”.
También, dijo que, “existe norma expresa que, cuando los policías actúan en el desempeño de su cargo, ocupando su arma de servicio, ellos no deban ser tratados como imputados y tampoco se les trate administrativamente hasta que se realice una investigación adecuada. Entonces, este tema ya había discutido el año pasado”.
De este modo, “lo que yo creo que no es posible de sostener es modificar el régimen de investigación y de enjuiciamiento criminal, sobre la base de una opinión política que algunos tienen sobre cómo funciona el sistema de enjuiciamiento criminal. A mí me parece que eso es estar legislando la Carta y eso sencillamente me parece inadmisible”, afirmó.
Es así como el ministro Cordero llamó a que si hay personeros políticos que tienen críticas hacia fiscales, que los transparenten e indicó que esos cuestionamientos tienen respuesta, que es evidente. “No hay que confundir las cosas. Más allá de que trasladar esto a la justicia militar, los promotores de esa idea no saben que más bien están perjudicando a las personas investigadas más que beneficiándolas”, finalizó.
Ante la sobrecarga laboral en el Ministerio Público, donde, por ejemplo, han aumentado las causas por crimen organizado, a la fiscal Patricia Ibarra comentó en CNN Chile Radio que la proyección actual supera a la que se había establecido en la reforma procesal penal de hace 20 años.
