La bancada de diputados del Partido Republicano solicitó esta jornada la renuncia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras la polémica generada por el convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta con la Fundación Democracia Viva.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, el conglomerado político expresó que el ministro Montes y la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, “no son garantía de transparencia ni de colaboración con la justicia y la fiscalización correspondiente”.
“Las denuncias de transferencia de fondos a organizaciones específicas ligadas al oficialismo generan dudas sobre la gestión financiera y la imparcialidad en el Ministerio de Vivienda. Es imperativo que los altos funcionarios públicos actúen de manera transparente y responsable frente a cualquier acusación o sospecha de irregularidad”, añadió el documento.
🚨DECLARACIÓN PÚBLICA🚨
➡️Solicitamos la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes Cisternas y de la subsecretaria Tatiana Rojas ⚠️por no adoptar medidas tras el caso de traspaso de fondos por parte del Minvu Antofagasta a fundación de pareja de diputada Catalina Pérez⚠️ pic.twitter.com/WOt5c4JkLG
— Diputados Republicanos (@DipRepublicanos) June 22, 2023
Polémica por convenios de Democracia Viva y Minvu
Cabe recordar que el pasado 16 de junio los funcionarios del Serviu iniciaron diversos cuestionamientos contra el ahora exseremi Carlos Contreras por la marginación del Equipo Asentamientos Precarios, la contratación de profesionales sin detallar sus funciones y el convenio por $426 millones entre la Seremi de Vivienda y la fundación, ligada con militantes de Revolución Democrática, consignó TimeLine Antofagasta.
Posteriormente, se supo que el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, es la pareja de la diputada (RD) Catalina Pérez.
Pese a los cuestionamientos por la polémica, el ministro Montes hizo un llamado a esperar los resultados de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, la que determinará las responsabilidades correspondientes y posibles delitos en el caso.
“Dejen que funcionen las instituciones. Hay antecedentes que indican que hay delito, pero nosotros no somos quienes califican eso”, sostuvo el secretario de Estado.
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