La Contraloría General de la República (CGR) detectó a través de una auditoria que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana (RM) autorizó licencias médicas a personas fallecidas.
En las conclusiones de la auditoría, que revisó la tramitación de licencias médicas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2021, el ente fiscalizador advirtió “ausencia de monitoreo y control en las autorizaciones (…) que fueron extendidas a nombre de personas fallecidas”.
“La entidad se pronunció sobre 24 reposos cuyos beneficiarios habían fallecido, inclusive 19 años antes de la emisión de la licencia respectiva”, puntualizó.
Además, el organismo comprobó que a 21 personas se les “extendieron entre 2 y 7 licencias médicas por COVID-19, en un mismo día, con distintos números de formularios”, todas autorizadas por la Compin metropolitana.
En esa línea, se advirtió que esta última “excedió en el plazo máximo” para pronunciarse respecto de 10.520 licencias médicas. Las demoras fueron de hasta 297 días hábiles. +
Considerando todos estos antecedentes, será la Seremi de Salud de la Región Metropolitana quien deberá oficiar a la entidad pagadora con el objetivo de establecer si los subsidios por incapacidad laboral fueron pagados fuera de norma.
También, se informará al Ministerio Público sobre las irregularidades que se podrían haber producido, comunicándole a Contraloría dentro de un plazo de 60 días hábiles a contar de la recepción del informe final.
Por último, Contraloría resolvió que deben adoptarse las medidas necesarias para comprobar si las licencias fueron extendidas a personas fallecidas. Será la Seremi de Salud RM quien lleve a cabo un proceso disciplinario para investigar y determinar responsabilidades administrativas.
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