La Contraloría General de la República rechazó la solicitud realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para reconsiderar el sumario administrativo debido a las irregularidades en la selección, acreditación, entrega y asignación de montos para los beneficiarios de pensiones de gracia.
El órgano fiscalizador realizó un robusto informe -al que tuvo acceso La Tercera– el que arrojó falencias en el proceso de asignación del beneficio para personas afectadas en el contexto del estallido social de 2019.
En el documento se concluyó que 58 pensionados tienen condenas y algunos incluso por homicidio, material pornográfico infantil y abuso sexual.
Asimismo, se evidenció que no hubo un proceso que comprobara los antecedentes médicos. De acuerdo al informe, 19 postulantes ni siquiera entregaron un acta que acreditara su lesión “o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019”.
Con todo, Contraloría ordenó un sumario al INDH -organismo a cargo de garantizar la situación de los postulantes- para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, pero este solicitó al ente una reevaluación.
La respuesta de Contraloría
Pese al intento del INDH de revertir el proceso, el ente contralor rechazó la petición.
En el oficio emitido por Contraloría, precisaron que aunque el instituto subsanó la información de nueve de un total de 19 beneficiarios, de los cuales no se entregaron antecedentes clínicos, se mantuvieron las inconsistencias en los diez casos restantes.
Respecto a la defensa del INDH, que expone que “no era necesario evaluar la gravedad ni la permanencia de los impedimentos físicos o mentales, ya que esto era atribución del Ministerio del Interior y Seguridad Pública” y que no formaba parte de sus facultades.
Contraloría sostuvo que son “una reiteración de aquellos contenidos en su respuesta al preinforme de observaciones, los cuales fueron debidamente analizados en el informe final“.
En cuanto al nuevo antecedente que aportó el INDH, sobre los datos recogidos por la comisión investigadora para acreditar las pensiones para víctimas en el contexto de las manifestaciones de 2019 -liderada por la Cámara de Diputados- este fue considerado insuficiente porque no contó con “una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones, lo que da cuenta de la poca objetividad del procedimiento“.
El oficio lapidó la petición del instituto reiterando que Contraloría corroboró que el INDH debía acreditar las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Además, desechó la defensa del organismo que argumentaba que esto escapaba de sus facultades.
Para esto aseguró que contaban con “la posibilidad de requerir información, documentación o certificaciones a otras entidades -públicas o privadas- que le hayan brindado a los peticionarios atención médica, jurídica o de otra índole, que sea útil para esos fines, lo que no ocurrió“.
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