La Contraloría General de la República declaró ilegales 29 convenios entre reparticiones públicas y fundaciones, de los 34 que ya ha revisado.
Según información publicada por La Tercera, estos 29 convenios no cumplen con los estándares requeridos por el órgano contralor, así como también con disposiciones legales.
Los convenios objetados corresponden a acuerdos suscritos durante 2023 e involucran más de $13 mil millones.
Observaciones de Contraloría
Entre las observaciones realizadas por Contraloría, se encuentra que hay fundaciones con giros “demasiado amplios”. Por ejemplo, algunas dicen dedicarse a “ayudar al prójimo”, lo que podría implicar una gama demasiado amplia de labores.
Otros caracteres objetados son:
- “Falta de claridad de los ítems de gastos”.
- Falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y el previsto para la ejecución de las actividades.
- “Inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos”.
¿Qué pasará ahora?
Una vez que se declara la ilegalidad de un convenio, este se anula, y si las partes desean volver a convenirlo, deben iniciar otro proceso de toma de razón. Esto independiente de si se decide abrir un sumario.
Según consigna La Tercera, Contraloría no descarta remitir los antecedentes al Ministerio Público.
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