El ente contralor verificó una serie de incumplimientos en los sistemas de televigilancia. Instruyó sumarios, la adopción de medidas correctivas y la regularización de los procedimientos.
La Contraloría General de la República (CGR), a través de su División de Gobiernos Regionales y Municipalidades y la Contraloría Regional del Biobío, detectó una serie de deficiencias en los sistemas de televigilancia en municipios de las regiones Metropolitana y Biobío.
En 12 informes, se detectaron hallazgos respecto a la “falta de seguimiento a los planes comunales de seguridad, cámaras inoperativas, incumplimiento de recomendaciones de Carabineros, contrataciones sin respaldo técnico y multas no aplicadas, entre otras observaciones”.
Debido a ello, el ente contralor instruyó que se adopten medidas correctivas, que se regularicen los procedimientos y que se inicien sumarios.
En detalle, las deficiencias ocurrieron en las comunas de San Joaquín, San Bernardo, Lo Prado, Alhué, Lo Espejo La Cisterna, Maipú y San Miguel en la RM, y Concepción, Tomé, Coronel y Talcahuano en el Biobío.
En San Joaquín se identificaron deficiencias en la gestión del sistema de televigilancia comunal. En el informe final 688 de 2025 se señaló que “el Consejo Comunal de Seguridad Pública no realizó seguimiento al Plan de Seguridad 2023–2027 y un dron municipal fue operado en 31 ocasiones sin autorización de la autoridad aeronáutica”.
A ello se suma que había 7 cámaras que se mantenían sin operación por meses, incluso por más de un año, y 12 “cámaras lectoras de patentes no estaban conectadas al sistema de encargo y búsqueda de vehículos. Tampoco se acreditaron mantenciones preventivas del proveedor”.
En el caso de San Bernardo, se observó que había tablets sin uso y extraviadas, “la no aplicación de multas en una licitación, vehículos no operativos y la ausencia de patrullajes preventivos permanentes. Del mismo modo, se advirtió falta de seguimiento del Plan Comunal de Seguridad Pública e inactividad de bicicletas y un dron adquirido para labores preventivas”.
Contraloría detectó deficiencias en sistemas de televigilancia en municipios de RM y Biobío/Agencia Uno
Mientras que en Lo Prado se evidenció una “falta de cumplimiento normativo del municipio”.
En detalle, “no se remitió el Plan Comunal de Seguridad a las autoridades competentes ni se designó al representante del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ante el Consejo Comunal de Seguridad Pública”.
Y se detectó la emisión de tres certificados que no contenían fecha ni firma, “adjudicando licitaciones por $10.321.227; y efectuó contrataciones directas por $29.273.650, sin términos de referencia o especificaciones técnicas”.
En la comuna de Alhué, la Contraloría dio cuenta de deficiencias al momento de adjudicar una licitación para comprar cámaras de televigilancia financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Esto, tras verificar la “falta de respaldo en la asignación de puntajes y en el criterio de servicio postventa, lo que incidió en la contratación de la empresa adjudicataria, cuya oferta era la más costosa” y “la falta de acreditación de mantenciones preventivas comprometidas y la ausencia de multas por incumplimientos”.
En Lo Espejo se acreditó que había falta de control del comercio ambulante, “el envío fuera de plazo del Plan Comunal de Seguridad Pública, falta de respaldo de actividades ejecutadas y ausencia de seguimiento por parte del Consejo Comunal de Seguridad Pública”.
Mientras que en La Cisterna se verificó que “la Dirección de Prevención del Delito, Seguridad Comunitaria e Inspección Municipal no demostró medidas de prevención realizadas ni base de datos con registro e información actualizada de los delitos cometidos en la comuna”.
El ente contralor también detectó que no había respaldo de la entrega de 53 chaquetas softshell, 171 poleras, 21 pares de botas, 48 poleras y 74 pantalones, por un total de $5.207.196. Además, se verificó la existencia de 12 motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento.
Contraloría detectó deficiencias en sistemas de televigilancia en municipios de RM y Biobío/Agencia Uno
Y “en el caso de un vehículo y 10 motocicletas, no tenían la revisión técnica al día. En otras 8 motocicletas, no se acreditó la revisión técnica vigente, pese a contar con permiso de circulación”.
Adicionalmente, “se determinaron debilidades en las actas del Consejo Comunal de Seguridad Pública de 2024. Por todas estas razones, el municipio deberá instruir un sumario”.
En el caso de Maipú se constató que 29 cámaras estuvieron 15 días o más meses de 2024 sin funcionamiento, “incluso uno de los aparatos registró 302 días sin funcionar. Este fue uno de los hallazgos del Informe Final N°171 de 2025 que también evidenció que, en la recuperación de espacios públicos, uno de los operativos carece de la fecha de recepción de los bienes”.
Sobre personas en situación de calle, campamentos y rucos, “el municipio no acreditó la realización de operativos o la eventual coordinación con otras entidades para llevarlos a cabo”.
A ello se suma la detección de falta de control de las actas que respalden los patrullajes realizados. Por estas y otras razones, el municipio deberá instruir un sumario”.
En San Miguel, la Contraloría dio cuenta de la entrega de “18 permisos precarios para comercio ambulante sin que cumplieran los requisitos de la Ordenanza Municipal. A su vez, 43 permisos precarios otorgados no tenían autorización y 11 no habían presentado la solicitud”.
Respecto a “los decomisos efectuados por actividades comerciales no autorizadas y sin permiso municipal, la entidad edilicia no entregó en 22 casos las actas de decomiso y la acreditación del destino de las especies incautadas. También se advirtió que en 2025 no realizó decomisos por no contar con un espacio habilitado para el resguardo de las especies”.
También “se advirtieron inconsistencias entre los datos registrados en el sistema GPS de cuatro vehículos de la Dirección de Seguridad Pública y las respectivas bitácoras”.
Contraloría detectó deficiencias en sistemas de televigilancia en municipios de RM y Biobío/Agencia Uno
En la Región del Biobío, se detectaron irregularidades en 4 comunas.
En Concepción, por ejemplo, se revelaron deficiencias en la operación del sistema de televigilancia comunal: “Solo el 55% de las cámaras está conectado al CENCO de Carabineros y la capacidad de visualización simultánea es limitada, lo que afecta la labor policial”.
Junto con ello, hay “varias cámaras” que están fuera de servicio por períodos de tiempo prolongados y “dispositivos destinados a la detección de vehículos con encargo por robo no han sido utilizados desde 2024”.
El organismo contralor también verificó que hay “18 cámaras destinadas a resguardar galerías comerciales del centro de Concepción, financiadas por Prevención del Delito por $54.948.000; no se encuentran operativas por problemas de conexión con el sistema municipal. Pese a ello, la Subsecretaría aprobó la rendición del proyecto, contraviniendo la Política Nacional de Seguridad Pública”.
En el caso de Tomé, se dio cuenta que “los funcionarios que monitorean las 218 cámaras de la comuna son responsables de visualizar, en promedio, 54,5 cámaras, cifra superior a lo recomendado por Carabineros”.
Además, hay “escasa dotación de conductores en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Así, para el patrullaje se usan entre dos y tres móviles por turno de lunes a viernes, y uno o dos los fines de semana, pese a contar con siete vehículos. Adicionalmente, la municipalidad no presenta avances ni cumplimiento del Plan Comunal de Seguridad Pública”.
Mientras que en Coronel se evidenció que “de las 132 cámaras de televigilancia, 54 tienen contrato de mantenimiento vigente. Los 78 casos restantes no tienen mecanismo de soporte permanente”.
Adicionalmente, “el Inspector Técnico de Obra de los contratos de ampliación y mejoramiento del sistema comunal de televigilancia no exigió al proveedor el cumplimiento de las obligaciones de garantía y postventa ofertadas, lo que derivó en que 12 cámaras permanecieran fuera de servicio por más de un mes”.
También se detectó que la central de televigilancia cuenta con un único operador por turno, responsable del monitoreo de 132 cámaras existentes, contraviniendo las recomendaciones de Carabineros.
En Talcahuano, la Contraloría reveló que, de un total de 64 cámaras instaladas, había 50 inoperativas. De ellas, 18 han estado fuera de servicio por más de un año.
Entre agosto de 2023 y enero de 2025, “la central de televigilancia recibió 106 solicitudes de revisión de cámaras por parte de Carabineros, la PDI, Juzgados de Policía Local y Seguridad Municipal. No obstante, en 65 de estos casos no se obtuvo material útil para las investigaciones de delitos o accidentes, debido a cámaras inoperativas y fallas técnicas”.
El grupo aéreo cerró 2025 con 371 aeronaves tras incorporar 26 nuevos aviones de última generación. Para este año, proyecta sumar 41 unidades, incluyendo los primeros Embraer para Brasil y el Airbus XLR en 2027, en el marco de una estrategia que busca que más del 50% de su flota sea de última generación en 2030.
