La Contraloría General de La República aceptó este jueves el decreto del presidente Gabriel Boric, que ordena suprimir cuatro fiscalías militares.
El decreto fue realizado a petición del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, y busca optimizar los recursos estatales utilizados en casos relacionados con la justicia militar, los que están diminuyendo tras la modificación a la Ley 20.477, que estableció que los tribunales militares no pueden juzgar a civiles.
En concreto, las fiscalías militares suprimidas corresponden a las ubicadas en Los Andes, Rancagua, Angol y Puerto Varas.
“En el marco prescrito en el artículo 1 de la ley 20.477 (…) quedó excluida de la competencia de los tribunales militares el conocimiento de causas en las cuales se vean involucrados civiles, ya sea en calidad de imputados, o de víctimas”, sostiene el decreto firmado por el mandatario.
El documento agregó que esto último “ha significado una progresiva disminución en el ingreso de causas de competencia de algunos de estos tribunales”.
“La citada reducción lleva a plantearse la necesidad de modificar la actual estructura orgánica de algunos juzgados militares, suprimiendo varias fiscalías militares, de modo tal que su territorio jurisdiccional pase a la competencia de otras fiscalías, optimizando de esta manera el uso de los recursos humanos, de infraestructura y financieros”, complementó.
¿Bajo qué jurisdicción quedan las provincias de cada Fiscalía Militar suprimida?
Tras la decisión, la Fiscalía Militar de Valparaíso se hará cargo de San Felipe de Aconcagua y Los Andes, provincias correspondientes a la Fiscalía Militar de Los Andes.
La Fiscalía Militar de Talca se hará cargo de Cachapoal, Cardenal Caro, Colchagua y Curicó, provincias que correspondían a la suprimida de Rancagua.
Los tribunales militares de Temuco se harán cargo de las provincias de Biobío y Malleco, correspondientes anteriormente a la Fiscalía Militar de Angol.
Finalmente, la Fiscalía Militar de Valdivia deberá hacerse cargo de las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé, antes pertenecientes al tribunal de Puerto Varas.
Según el decreto, el comandante en Jefe del Ejército deberá reasignar al personal y las dependencias de las entidades persecutoras suprimidas.
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