La Contraloría General de la República detectó un total de 54 funcionarios en la Municipalidad de San Ramón que registraban antecedentes “por crímenes o simples delitos”.
El órgano fiscalizador dio cuenta de 18 trabajadores a honorarios que fueron contratados pese a registrar condenas por crímenes o simples delitos, y 36 personas contratadas que presentan anotaciones por crímenes o simples delitos en el registro de antecedentes penales del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Ninguna de esas contrataciones está registrada en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.
Además, la Contraloría encontró que, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, cuatro servidores contratados tenían vínculos de parentesco con funcionarios de cargos directivos, jefe de departamento o concejal, lo que viola lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades.
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Por otro lado, se estableció el desembolso de $5.503.888 por prestación de servicios a honorarios, pagos sobre los cuales el municipio no contaba con respaldos.
Ahora, la municipalidad encabezado por el alcalde Miguel Ángel Aguilera deberá poner término a los vínculos contractuales con situaciones de inhabilidad en un plazo de 60 días hábiles.
Además, la Contraloría formulará un reparo de $12.170.548.
Los antecedentes reunidos por el órgano fiscalizador ya fueron enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
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