El Consejo para la Transparencia (CPLT) implementó un iniciativa denominada “semana de desconexión”, que consiste en que todos sus funcionarios pueden acceder a 5 días hábiles sin trabajar, sin que sean descontados de su sueldo, vacaciones o de los 6 días administrativos que disponen por contrato.
De acuerdo a un reportaje de Radio Bío Bío, la aprobación de la medida quedó consignada en el acta de la sesión que se llevó a cabo el pasado 1 de julio y contó con los votos favorables de los directores Natalia González Bañados, Francisco Leturia Infante, Bernardo Navarrete y la presidenta Gloria de la Fuente.
Para ello, se invocó el carácter “autónomo” de la entidad y se determinó que no era pertinente consultar el beneficio a la Contraloría, pese a que existen recursos públicos involucrados.
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Para darle luz verde a la medida, el organismo consideró los resultados de una encuesta interna sobre los alcances de la “afectación a la salud mental” de los trabajadores, quien están actualmente bajo la modalidad de teletrabajo.
Las conclusiones revelaron que más de la mitad de los trabajadores están “cansados y desconcentrados” y un tercio manifiesta tener “poco interés para hacer las cosas”, además de problemas de sueño e irritabilidad a causa del aumento en la carga laboral.
Además, sobre un 80% indicó que trabaja 9 horas diarias (41%) y hasta 10 horas diarias o más (46%) por alta carga laboral (34%); falta de límites entre la vida familiar y la laboral (23%); y falta de límites para terminar la jornada (21%).
También se consideró que, en todo 2020, de los 146 funcionarios del Consejo, se presentaron 125 licencias médicas, mayoritariamente por razones de enfermedad o accidente común.
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En 2021 en tanto, al mes de julio, se han presentado ya 85 licencias médicas, con un peak en marzo de 17 personas con licencia por un total de 326 días sólo por ese mes, lo que corresponde a un 18% más de licencias en comparación con el año anterior.
La medida fue informada a los funcionarios de la entidad por medio de un mail, en el que se expresa que “esperamos que esta sea una instancia que nos permita disfrutar de espacios de distensión y ocio, como asimismo descansar física y emocionalmente poder disfrutar sin las cargas y el agobio propio de la actividad laboral”.
Además, argumentan que han mostrado cifras de aumento de productividad, como que los casos presentados ante el CDLT que ya egresaron superan en un 30% la cifra promedio del 2020 (de 667 casos a 994) y que la atención vía canales virtuales es superior a la cobertura conseguida en 2020: el total de respuestas el 2020 a través de canales ciudadanos fue de 10.317 en 2020 y al mes de julio de 2021 este número ya registra 8.339 atenciones.
Por su parte, en materia de fiscalizaciones en 2020, se desarrollaron un total de 952 fiscalizaciones y en lo que va de 2021, ya se han implementado o están en desarrollo 648 procesos.
El director general, David Ibaceta, declaró al mismo medio que se trata de una iniciativa “innovadora”, ya que el CPLT se rige por el Código del Trabajo, “que te da un margen sumamente amplio en la relación empleador-trabajador”, a diferencia de las entidades públicas del país que operan bajo la rigidez del estatuto administrativo.
La autoridad además aseguró que “en términos presupuestarios hemos estado haciendo mucho esfuerzo”, ya que si en 2019 gastaba $92 millones en temas ligados al desarrollo del trabajo, en 2020 bajó a 56 y espera que en 2021 apenas superarán los $33 millones.
Finalmente, añadió que “uno podría decir quién paga esto. Lo paga el fisco. Pero lo que pasa es que el fisco, representado en este caso por el Consejo para la Transparencia, también ha estado haciendo los ajustes en otro lado”.
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